“Tribuna pedagógica” Autonomía universitaria: Legalidad del quehacer formativo

Reynaldo Mora Mora

Por Reynaldo Mora Mora

En el fortalecimiento de la Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, IES está nuestra insistencia sobre el carácter de legalidad de todo el quehacer formativo de ellas. Es la fuerza que les proporciona la Constitución Política (art. 69), en la que se asienta el cimiento más importante de la arquitectura de su edificio, como es el Proyecto Educativo Institucional, PEI. Comprender los aspectos esenciales del significado de este paradigma de la acción de formación, exige que actores, como estudiantes, docentes y trabajadores universitarios salgan siempre en su defensa frente a los intentos de los gobiernos de turno de limitarla. Se trata de un Programa Colectivo de salvaguardia, consistente en ofrecer explicaciones y argumentos estratégicos acerca de su naturaleza, pues la Autonomía Universitaria, AU es la parte| práctica que permite entender y extender todo el quehacer institucional en la construcción del PEI.

Una vez se de esta Unidad de Esfuerzos por parte de la comunidad académica universitaria, estaríamos en disposición de avanzar en la construcción, por ejemplo, de una nueva Ley de Educación Superior, para derogar la existente, es decir, la Ley 30 de 1992 por la serie de observaciones y objeciones relevantes que se le han hecho a esta norma, que giran, por un lado, sobre la insuficiencia de su fórmula que no da respuestas contundentes para este nivel en los tiempos actuales, y, por otro, en torno a la inutilidad de su articulado, que día tras día esta descontextualizado frente a la velocidad de los cambios en el sistema educativo. Por ello, desde la AU, la comunidad académica de las instituciones debe ir conformando un cuerpo de leyes para los tiempos de Pospandemia. Esta lucha viene a significar la identificación de criterios o principios que no son negociables en el crecimiento de la IES para elucidar las condiciones de naturaleza de estas instituciones.

Nos parece, que en este sentido la norma que regula los Resultados de Aprendizaje, RA, como es el decreto 1330 de 2019 es una de las lecturas del programa de cada gobierno llegado al poder colombiano, siempre, intimidando la autonomía de las instituciones. Las propias consideraciones de esta normatividad así lo suponen. Reconocemos que el camino no es ajeno a las dificultades que cada contexto institucional se representa ante el mencionado decreto. Hemos dicho que es un modelo homogéneo, instrumentalista, técnico, que no es el mejor vehículo del significado de cada contexto, es decir de cada circunstancia particular de las IES. Se trata de un uso reglado de la norma para que las instituciones cumplan a “raja tablas” con ese precepto legal, donde la intención oficial es el de conseguir cierto resultado de imposición, donde la escritura del articulado es dar coherencia a los conceptos de Calidad y Resultados de Aprendizaje.

Tenemos entonces, que debemos ahondar en el precepto constitucional de la AU, por ejemplo, en ese proyecto de ley sobre educación superior a construir, porque es valioso al momento de refinar nuestras ideas, lo que supone afirmar la existencia del libre desarrollo de la personalidad de las IES, ella es la convención para los gobiernos de turno. La virtud que tiene la norma constitucional, art. 69, reside precisamente en que ella nos llama la atención sobre el papel que juega en el quehacer formativo de las IES, donde se cocinan las expectativas y pretensiones que tiene la sociedad en la formación de buenos ciudadanos. Desde el terreno de la Autonomía Universitaria, ella resulta ser la mejor estrategia, que la propia Carta Política propone entre las dos tendencias, la oficial, que es la que propone el gobierno llegado cada cuatro años y la otra, la de las Instituciones de Educación Superior.

La nuestra, que es la de todos los que conformamos la gran familia de la comunidad universitaria nos acerca a cómo construir un legado normativo muy consciente y consistente que obedezca, no a la intimidación, sino a la resolución consciente, con posibilidades reales de los procesos formativos de las regiones desde las IES. Esta construcción colectiva idearía los mecanismos y presupuestos que permitan gestarse ante una gran Asamblea Constituyente por la Educación Colombiana, para que con su aval se presente al Congreso de la República.

En este trasunto, discurrirían las tantas nociones que habría que construir para el campo de la educación, por ejemplo, el concepto de currículo, el de calidad, y tantos otros. Es la intención comunicativa de esa gran Asamblea: proponer para pensar el presente y el futuro de nuestra educación Pospandemia, para exigir la posesión de las cualidades por parte de las IES, las cuales están presentes en ese mandato constitucional del 91. Esa exigencia es y debe ser la acción regular de reclamo, regular y habitual que asumamos los académicos, con la intención de defender ese libre desarrollo de las instituciones, porque al crecer ellas, también crecen autónomamente los estudiantes y docentes de la comunidad universitaria.

 Sería lo fructífero en los hábitos de defensa de la Autonomía Universitaria. Desentrañar las líneas maestras de este mandato de la Carta Magna del 91, que nos permitirá encarar con mayor solvencia, por ejemplo, la construcción colectiva de ese proyecto de ley que derogaría la Ley 30 de 1992 para afirmar la existencia de la AU, ya que ella cada cuatro años está en juego por parte de los gobiernos de turno, para así resultar exitosos si actuamos de acuerdo a las expectativas que se entretejen en el mundo de la educación superior, porque esta noción, es en todo caso, la noción central de lo que explica los procesos de formación integral en este nivel.

Todo lo que se manifiesta en la defensa por la Autonomía Universitaria es un intercambio de manifestaciones de quienes hacemos parte del mundo académico de la educación superior. Dichas manifestaciones serían muestras de acciones desde distintas situaciones apropiadas por las diferentes IES regionales: Colombia es un país de regiones, y las IES, están enclavadas en los corazones de esas regiones y desde ellas operan para dar respuestas a sus distintos problemas, muy particulares, muy específicos. Tal intercambio puede ser llamado un acuerdo de necesidades regionales que necesitan ser interpretadas y valoradas por los gobiernos de turno. Esta fuerza de construcción apuntaría a diseñar por todos nosotros, y no por grupos empotrados en las altas oficinas del Estado, una verdadera Política de Estado en materia de educación, no para cuatro años, sino para un largo periodo de prospectiva educativa de acuerdo a las tendencias mundiales, sin desconocer el diálogo con lo local de las IES regionales (Mora, R. Mora, et al. El Nuevo Orden Jurídico Educativo. Material en prensa. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2018).

Sería el gran diálogo de las regiones por la constitución de IES autónomas, donde estos contextos dialogarían con el nacional: sería el rasgo autónomo de interpretar los muchos problemas de las instituciones de la periferia a partir de la significación que nos da la Autonomía Constitucional para ser asumida y compartida por los contextos regionales. Es el argumento alternativo para idear la Ruta de la Educación Superior para los próximos cincuenta años. Nuestra pretensión ha sido poner de manifiesto la plausibilidad de esta Ruta Constitucional para repensar la propia Ruta de las IES, como una suerte de correspondencia también con otros niveles del sistema educativo, como los establecidos por la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación.

 La insistencia en la reverencia por este Mandato Constitucional conduce a pensar que esta noción nos da orden y mandato autónomos, como una suerte de intenciones y propósitos en procura, ante todo, de formar buenos profesionales ciudadanos. Esta defensa es relevante no solo por razones de índole democrático, sino porque nos invita repensar en las plausibles oportunidades que se derivarían de ella (Mora, R. (2010). Derecho Educativo. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla).

#DIARIOLALIBERTAD

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