Las alarmas deberán continuar encendidas ya que una gran cantidad de denuncias ciudadanas siguen llegando a los organismos de control, cuyos titulares confirmaron recientemente que existen muchos casos en indagación preliminar, incluso con apertura de noticia criminal por parte de la Fiscalía, contra 41 funcionarios municipales en el Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío, Santander y otras regiones.
Es que no se debe tolerar que inescrupulosos contratistas, con la anuencia de funcionarios públicos de la misma calaña, continúen aprovechándose de los recursos destinados a las ayudas humanitarias de los más vulnerables de nuestro país.
Mediante un reciente mensaje dirigido a la opinión pública colombiana, ayer el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, expresó con toda claridad y firmeza, que la Fiscalía no aceptará privilegios ni privilegiados, refiriéndose a ministros, gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos por igual y que a todo aquel que protagonice actos de corrupción, los estimule o los tolere, le caerá todo el peso de la Ley.
Así también el actual Contralor, Felipe Córdoba, quien cuando fue Auditor de esa misma entidad, desenmascaró las primeras ‘ollas’ de corrupción contractual en muchos entes territoriales, anunció que cuenta con cerca de 60 analistas dedicados a esa misma tarea, enfatizó que ese, entre otros resultados esperados, permitirá rastrear entre los contratistas favorecidos durante la emergencia a los viejos ‘calanchines’ de los círculos de poder y de las billonarias contrataciones.
Así mismo, el Contralor quien está facultado para aplicar el poder preferente de la Contraloría General de la República y asumir directamente las investigaciones que los Contralores distritales, municipales o departamentales estén engavetando, maquillando o demorando las primeras indagaciones.
Igualmente la Procuradora Margarita Cabello Blanco, ha sido enfática al manifestar que no le temblará la mano para suspender contratos a gobernaciones, alcaldías y hasta ministerios, cuando las evidencias indiquen que es perentorio adoptar esas medidas.
Este reciente y muy enérgico mensaje de los titulares de los tres entes de control de Colombia, denota la conformación de un frente unido contra los inescrupulosos que pretendan lucrarse de los recursos de los colombianos.
Cuando los ciudadanos vean al primer alcalde o gobernador en manos de la justicia, o fuera de su cargo, entenderán que vale la pena denunciar y desenmascarar a quienes aprovechan la actual circunstancia para birlarse la plata de los más vulnerables.
En LA LIBERTAD registramos como muy positivo el hecho de que en todas las instancias, tanto nacional como las regionales y locales, se esté actuando con el criterio de que es de trascendental importancia erradicar de raíz esos actos que desde años atrás hemos venido señalando.
Hoy cuando se conocen las alarmantes cifras, en torno a los contratos firmados sin el lleno de los requisitos legales, actualmente investigados por los entes de control, los que se firman con base en sobornos y coimas entre los sectores público y privado, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos de la justicia para erradicar de raíz esa ilícita actividad.
Ojalá que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía continúen en la misma tónica que hasta ahora, para que la emergencia en que aun nos encontramos, no se siga convirtiendo en una ‘vena rota’ para llenarles los bolsillos a los contratistas corruptos que permanecen merodeando por las entidades de carácter gubernamental, para que se les adjudiquen las contrataciones estatales.
