El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, deberá retractarse en un término de 48 horas, por las afirmaciones dadas a un medio de comunicación el pasado 19 de mayo, en las que se refirió a un “cartel de la salud” formado, acorde con sus expresiones, por “tres congresistas que pertenecen al clan Cotes, Díaz Granados y Dávila Abondano”.
Así lo ordena el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, que determinó revocar el fallo del 19 de agosto de 2021, en el cual se negó la solicitud que el ciudadano, Juan Carlos Dávila Abondano, hizo en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, de acuerdo a la argumentación del fallo Mandatario habría incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, al debido proceso, la honra, entre otros.
Cabe recordar que en primera instancia, el juez procedió a negar el amparo, fundamentando que “en las palabras del gobernador no se expresa que Juan Carlos Dávila Abondano haga parte del ‘cartel de la salud’ no se individualizó al accionante como una de las personas que haya saqueado los hospitales o que haya participado en un ilícito. Tampoco se infiere que al decir los apellidos Dávila Abondano, el accionado se haya referido al actor”.
Ante el inconformismo, Dávila Abondano procedió a impugnar, logrando que fallaran a su favor en segunda instancia.
Los posibles motivantes al comentario que hace referencia en la entrevista el Gobernador Caicedo, son Honorio Henríquez, Hernando Guida y el ex congresista Eduardo Pulgar, este último investigado y privado de la libertad por varios casos de corrupción.
En varias ocasiones han sido señalados y denunciados públicamente por el Gobernador, porque presumiblemente podría estar detrás de las intervenciones por parte de SuperSalud a la ESE Alejandro Próspero Reverend y el Hospital Julio Méndez Barreneche.
Entre esos señalamientos están también las denuncias realizadas por el mandatario de los magdalenenses, en lo que tiene que ver con el saqueo por más de diez millones de pesos que fue sometido el Hospital San Cristóbal de Ciénaga, durante 10 años en los periodos de los gobiernos del Luis Miguel Cotes y de su tía Rosa Cotes Vives.
En esa lista también se encuentra Hernando Guida, integrante del grupo político de la familia Diazgranados y el ex senador del Atlántico Eduardo Pulgar, quien actualmente purga una pena de 4 años y 8 meses por cohecho y tráfico de influencias en conducta ante pleito por control de la Universidad Metropolitana, y quien el Gobernador ha señalado de ser el responsable de la quiebra y precario sistema de salud del Magdalena.
Cabe destacar que el ex senador Pulgar siempre ha estado envuelto en escándalos, el primero de ellos fue el 20 de junio de 2003, cuando era primer vicepresidente del Concejo de Barranquilla, previo a las elecciones locales de octubre de ese año, en un allanamiento por una investigación por trashumancia electoral (cuando se inscribe una cédula para votar en un lugar distinto a donde se reside), el Consejo Nacional Electoral encontró 112 cédulas y $1.840.000 pesos en billetes de 20 mil en una oficina en un centro comercial de Barranquilla, que resultó ser suya, como reportó un diario capitalino.
El 6 de marzo de 2007, la Viceprocuraduría General de la Nación sancionó a Pulgar, siendo vicepresidente del Concejo en ese entonces, a 20 años de inhabilidad en cargos públicos por una defraudación millonaria a las arcas de Barranquilla por más de 5.200 millones de pesos.
En el 2020 protagonizó varios escándalos, uno de ellos en junio, en una situación registrada en video, casi termina a golpes una discusión con el secretario de salud de Soledad, Luis Fábregas. El Senador dijo después que Fábregas lo amenazó de muerte; éste respondió que era mentira, y él fue víctima de violencia verbal y física por parte de Pulgar.
La riña se habría originado por el contrato interadministrativo suscrito el 22 de enero de 2020 entre la Secretaría de Salud de Soledad y el Hospital Materno Infantil, el único de primer nivel del municipio, representado por Luis Fábregas y Rosa Emira Madera Sánchez, respectivamente.
Al parecer tanto Pulgar como Fábregas tenían intereses en ese contrato de $3.160 millones firmado para «la promoción y prevención de riesgos en salud» en Soledad.
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