*El empresario pidió al ente investigador garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan
Se conoció que el empresario Emilio Tapia, ofreció a la Fiscalía colaboración y prometió revelar los nombres de los congresistas implicados en el escándalo de Centros Poblados y MinTic.
Según habría manifestado Tapias, los congresistas implicados habrían llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio TIC, para que no caducaran el contrato con Centros Poblados porque la caducidad implica una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
Tapia pidió en el ofrecimiento a la Fiscalía, garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan.
Luego del escándalo con la unión temporal, el IDU señaló que finalizó dos contratos que ejecutaban en Bogotá para mantenimiento de mallas viales para las troncales de Transmilenio.
El IDU explicó que a finales del año 2020, adjudicó el Contrato 1626 con el Consorcio Construcciones 2020 por valor de $9.125 millones y el contrato 1627 con el Consorcio Malla Vial 2020, por valor de $8.571 millones, para realizar mantenimientos de malla vial troncal.
Se conoció que una vez MinTic declaró la caducidad del Contrato suscrito con el Consorcio Centros Poblados para llevar internet a colegios de zonas apartadas del país, se configuró la inhabilidad sobreviniente respecto de las empresas integrantes, entre ellas, Omega Buldings Constructura S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S, que también hacen parte de los Consorcios con los que el IDU suscribió los Contratos 1626 y 1627.
Dijo Diego Sánchez, director del IDU que por lo ya conocido, la entidad procedió a solicitar la cesión inmediata de la participación de estas empresas.
Trascendió que los dos consorcios presentaron varias firmas que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por el proceso licitatorio que dio lugar a los contratos. Por esta razón, el IDU finalizó el contrato 1627 el pasado 15 de septiembre y se encuentra en proceso de suscripción del acta de finalización con el Consorcio del contrato 1626, el cual se encuentra actualmente suspendido.
Para analistas de la cosa pública, el caso podría convertirse en otro carrusel de contratación, como el ocurrido en Bogotá durante el gobierno de Samuel Moreno , dado el entramado de corrupción que allí se habría gestado.
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