Recientemente, la Comisión Colombia de Juristas CCJ, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Cidh, una solicitud de medidas cautelares a favor de la congresista Ángela María Robledo, para evitar que sea destituida de su investidura de congresista como miembro de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la comisión, una sentencia del Consejo de Estado, revisada por la Corte Constitucional en respuesta a una acción de tutela, consideró que ella habría incurrido en doble militancia al haber aceptado su postulación como candidata a la vicepresidencia por Colombia Humana en las elecciones de 2018 sin que hubiesen pasado 12 meses luego de su renuncia a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. “Ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional tuvieron en cuenta que el movimiento Colombia Humana no tenía personería jurídica y que la doble militancia solo se aplica a partidos o movimientos con personería jurídica”, precisó la ONG.
Sumado a ello, detalló la CCJ, que Ángela María Robledo fue designada como miembro de la Cámara de Representantes por haber obtenido la segunda mayor votación a la vicepresidencia, derecho establecido desde 2015 en el Estatuto de la Oposición, y no por que se hubiese presentado como candidata al Congreso. “Más aún, una demanda similar contra la actual vicepresidenta de la República, que pertenecía al partido Conservador poco antes de aceptar ser fórmula del presidente de la República, quien se presentó como candidato por el partido Centro Democrático, fue fallada a su favor y no se consideró como doble militancia por el Consejo de Estado”, pusieron de presente.
Agregó la Comisión Colombiana de Juristas, que la decisión de excluir del Congreso a Ángela María Robledo no ha sido adoptada por un juez penal, “lo cual viola flagrantemente el artículo 23.2 de la Convención Americana y lo ordenado al respecto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente para Colombia, en la sentencia emitida el 8 de julio de 2020 a favor de Gustavo Petro”, detallaron.
Enfatizó la CCJ, que la decisión de cancelar la curul de Robledo en el Congreso se produce en un contexto en el cual la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria en su contra, “debido al apoyo de Robledo a la protesta social en 2021, y el comandante del Ejército Nacional le ha enviado una carta intimidatoria por el llamado público que ella hizo a los miembros de la Fuerza Pública durante el paro a no obedecer las órdenes de masacrar ni de dispararle al pueblo”, puntualizaron.
“Por estas razones se solicitó a la CIDH requerir al Estado colombiano para que adopte todas las medidas necesarias para proteger de manera efectiva los derechos políticos y el debido proceso de Ángela María Robledo, derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la integridad personal, a la participación política, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y al deber estatal de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos estos derechos y libertades”, explicó la comisión, agregando que la solicitud de medidas cautelares la realizan “en concordancia con el artículo 25 del reglamento de la CIHD, que dice que se deben presentar en situaciones de gravedad y urgencia, que representan un riesgo de daño irreparable, en este caso para la congresista Robledo”, concluyeron.
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