“Tribuna pedagógica”: Autonomía universitaria y resultados de aprendizaje

Reynaldo Mora Mora

Por: Reynaldo Mora Mora

Resaltar y defender la “Autonomía Universitaria” constitucional, es el mejor diagnóstico de cómo anda la educación superior colombiana, como esa apuesta deliberativa frente a las imposiciones, no del Estado, sino de los diferentes gobiernos de turno, que siempre han pretendido hollar este sagrado derecho de las Instituciones de Educación Superior, IES.

 También es la recomendación a la recuperación de esa necesidad de relievar la práctica democrática, de no “leer de rodilla” todo cuanta norma imponga el gobierno en materia de la tan cacareada “calidad de la educación”. Defender este “libre desarrollo” de la personalidad de las universidades, conlleva a que se garantice y favorezca esta representación producto del consenso de los constituyentes delo 91, como el mayor y el mejor dialogo, para que prime la razón académica de la comunidad universitaria, y no la imposición de intereses, por ejemplo, de algún grupo, de los tantos órganos en que se compone el Ministerio de Educación Nacional, MEN.

Esto conduce necesariamente a procurar que en cada universidad pública o privada nos demos a la tarea de leer problematizadora y críticamente los Resultados de Aprendizaje (RA), a fin de sustraernos de no leer como borregos estas cuestiones de imposición que hacen mella a la Autonomía Universitaria, AU, como el derecho fundamental representativo de las IES. En lugar de la visión prevalente según la cual hay que aceptar estas imposiciones, debe haber un trabajo deliberativo, profundamente ético entre la comunidad universitaria alrededor de los RA, para tomar muy en serio lo que implica constitucionalmente esta autonomía: proponemos, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico lo que cabría llamar una unidad de trabajo ético entre docentes y estudiantes, porque es en esta comunidad donde descansa el debate académico, como la razonable concepción que de este derecho se tenga.

Y ello porque, en definitiva, para responder a esta urgente necesidad de no leer de rodillas, hay que promover la pedagogía democrática de la defensa constitucional de la AU, porque no basta con asumir el Decreto 1330 de 2019 para inquirir las razones que abonan la tesis según la cual las IES deben asumir los RA, sobre todo, cuando no ha habido esa confrontación académica en términos de potenciar la salvaguarda de la AU como presupuesto constitucional.

Es por ello, que saludamos el Seminario Permanente de Rudecolombia del Doctorado en Ciencias de la Educación, bajo la dirección de la doctora Liliana del Basto Sabogal el pasado 17 del presente mes, como el Panel 1 de “Políticas Publicas de Educación. Resultados de Aprendizaje”, que abordó las siguientes temáticas-problemáticas: La evaluación del aprendizaje: entre procesos y Resultados (Dra. Elvia María González Agudelo); Resultados de Aprendizaje: perspectivas para la formación profesional (Dr. Francisco Bohórquez Góngora); Resultados de Aprendizaje, una reflexión más allá de lo simplemente normativo (Dr. Álvaro Torres Mesías); Resultados de Aprendizaje, alineamiento constructivo y educación doctoral: aspectos comparativos entre Taiwán y Colombia (Dr. José Arturo Molina Bravo); Resultados de Aprendizaje: tendencias desde Agencias Internacionales / Acreditación Colombia Acuerdo 02/2020 (Dra. Diana Elvira Lago, Dr. Rodrigo Ospina Duque); Resultados de Aprendizaje y políticas educativas colombianas: ¿Cuál aprendizaje? (Dr. Jairo Sánchez Quintero); Resultados de Aprendizaje para un programa doctoral en Red: una aproximación a la propuesta para el Doctorado en Ciencias de la Educación (Dra. Liliana Margarita Del Basto Sabogal).

Se lee en las exposiciones de estos panelistas, que es razonable este tipo de debates cuando se asume el valor democrático de la AU, para “mirar” los procesos y no tanto el resultado que es capaz de procurar el Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Es la lectura obligada que debemos hacer al interior de nuestras universidades, en tanto, hagamos ese ejercicio de confrontar esas normativas con la constitucionalidad misma de la AU. El criterio ha de ser el resultado de cómo se logra en los procesos de formación.

 Entonces, son bienvenidos estos foros académicos, como la mejor respuesta de institucionalización y legitimación de lo que se pretende con estos procederes jurídicos, es la mejor calculada para generar las mejores respuestas a preguntas como: los Resultados de Aprendizaje, ¿son perspectivas para la formación profesional? De acuerdo con ello, podemos definir los RA como un conjunto de consideraciones conceptuales y de prácticas relevantes, que de acuerdo con la norma que les da vida en los procesos de formación, “poderosamente” deciden una “didáctica de la evaluación”, como se sustentó por parte de unos de los panelistas.

Tantas consideraciones conceptuales arrojarán, si se hace un estudio acerca de los imaginarios de los RA, y ello supone el abordaje de circunstancias, por ejemplo, ¿cómo los han asumidos las IES? En este contexto, no sería precisamente asumir los RA como una imposición más del gobierno de turno, sino la manera de cómo la comunidad académica, por ejemplo, del campo intelectual de la educación asuma con argumentos, como los formulados por los panelistas arriba señalados, para que dicho campo formule sus posiciones, como un órgano deliberativo en cada universidad.

Tal y como se presentoo en el Seminario Permanente de Rudecolombia, de lo que se trataba con esta estrategia ideada por la dirección nacional del Doctorado en Ciencias de la Educación, era demostrar en forma convincente desde varias perspectivas que los Resultados de Aprendizaje, responden más a una política de imposición y no a una concepción atractiva pensando los procesos de formación. No es suficiente proclamar el propósito, tal y como lo hace el Decreto 1330 de 2019. Hay que disolver con argumentos sólidos la propuesta oficial: afirmamos la existencia de la norma impositiva, pero, al mismo tiempo como comunidad académica nos damos a la tarea de mirar sus alcances, obstáculos, tensiones esenciales para las IES en el devenir de los procesos evaluativos.

La Autonomía Universitaria es el mejor argumento para este tipo de debate. Ahora bien, cabría considerar y preguntarnos, que, en tanto la norma, impuesta está, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta del MEN frente a una IES que en su autonomía se aparte de los RA? Nuestra defensa hacia la AU es la estrategia justificatoria para “salirnos” de las imposiciones que a todo momento da ese organismo. Es nuestra apuesta: no homogenizar, como siempre se ha pretendido con las prácticas evaluativas. Estudiar y presentar perspectivas institucionales en los marcos de cada contexto universitario, como la orientada participación y reforzadora de la representación de los actores dialogantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, basado en el presupuesto de la flexibilidad de los marcos normativos que impone el gobierno de turno. Es nuestro modelo deliberativo de la democracia universitaria, como esa concepción pluralista presente en nuestro Texto Mayor de 1991. En tal sentido, lo que se construya, por ejemplo, como norma, el Decreto 1330 de 2019 es y deberá ser siempre una herramienta construida a imagen y semejanza de este pluralismo constitucional, cuyo objetivo es, como se sabe, garantizar el diálogo, más no la imposición, máxime en la educación.

Entonces, la Autonomía Universitaria de cara a los Resultados de Aprendizaje seria concebida como un ámbito público y formativo de diálogo entre los actores implicados en estos procesos con intereses y contextos diferentes, y normalmente conflictivos, como es el caso de las universidades públicas que han de ser armonizados. Lo fundamental es, abrir los debates para enriquecer las propias propuestas, por ejemplo, en materia de evaluación que tengan las IES, y no como un abuso de posición dominante, que casi siempre son los mandatos legales del MEN. En nuestra próxima entrega abordaremos la “La lectura constitucional del Decreto 1330 de 2019”.

#DIARIOLALIBERTAD

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