Carta al Presidente

Por: Cristina Plazas

Estimado Señor presidente. Escribo esta carta con el mayor respeto y con el interés de que usted, como líder de nuestro país, conozca en detalle algunas de las graves situaciones que enfrentan cientos de niños y adolescentes en nuestro país.

Con el corazón en la mano le digo que les estamos fallando. Cada minuto en Colombia miles de niños y jóvenes sufren algún tipo de violencia o se les está negando algún derecho. Lo más alarmante es que muchas de estas vulneraciones son efectuadas por funcionarios del Estado, entre ellos los defensores de familia, que para muchos niños son lo único que tienen y su tabla de salvación. Por eso quiero compartirle a usted algunas de estas situaciones, para que se actúe de manera urgente y ponga freno a este inmenso drama humano, y sea usted quien lo lidere en el año que le resta de gobierno.

Presidente, es mandatorio que intervenga el sistema de protección del ICBF. Esta semana conocí el caso de un niño de 1 año que entró al hospital con múltiples fracturas, desnutrición y signos graves de maltrato; y la defensora de familia tomó la decisión de reintegrarlo al hogar con sus victimarios. Por fortuna, contamos con el apoyo de la Directora General y el niño fue rescatado. ¿Qué hubiese pasado si no ponemos la denuncia? El desenlace habría podido ser mortal. También llegó a mis manos el caso de un niño de 11 años que entró al sistema de protección cuando tenía 2 años. Fueron 9 años que le robaron a este chiquito que por la desidia y crueldad de unos defensores de familia se le vulneró el derecho a tener una familia. También acompañé a una joven que entró en crisis nerviosa. Me rompió el alma verla así. Su historia es parecida a la anterior: 12 años en el sistema. Le tocó separarse de su hermana quien fue adoptada; ella no pudo por su edad. Es la hora que no ha superado este dolor.

Presidente, los defensores de familia son quienes definen la situación jurídica de los niños en protección; son los encargados de velar por sus derechos; y así como conozco unos maravillosos que les dedican su vida, también he encontrado algunos que resultan ser unos criminales.

Sabemos que muchas de las deficiencias que tiene el sistema de protección no dependen únicamente de la responsabilidad del defensor de familia, ya que las necesidades de tipo administrativo y de talento humano, en ocasiones son una barrera para que ellos puedan desarrollar oportunamente su función. Y si bien se reconocen los esfuerzos por cubrir estas necesidades, estos son insuficientes. Es increíble pero algunas defensorías no tienen el equipo completo, muchas no cuentan con auxiliares que realicen las labores administrativas y son casi inexistentes los sustanciadores. Con estas deficiencias es muy difícil que los defensores se dediquen a los niños. Hoy varios ni siquiera los conocen.

Señor presidente, muchos defensores están enfermos, algunos con problemas mentales, a los cuales se les debería reconocer la pensión de invalidez. El problema es que algunos están logrando incapacidades por periodos largos de manera discontinua para que no se les reconozca ya que para el funcionario es más rentable continuar en el cargo por los beneficios del contrato laboral. Estamos hablando de más de 200 defensores. Lo más preocupante es que la mayoría de las incapacidades limitan la atención al público que es el fundamento del cargo; y la ley no permite que se le asignen otras funciones puesto que son taxativas. Se han hecho esfuerzos para contratar nuevos defensores, pero desafortunadamente estos terminan supliendo las labores de los incapacitados y no mejorando el servicio.

La problemática es de tal magnitud que desborda la capacidad del instituto. Es fundamental que usted lidere un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda y de Trabajo; DPS, Policía, Procuraduría y Fiscalía para que se aborde cada una de las problemáticas y se obtengan resultados reales.

Ahora bien, en muchas ocasiones no son las barreras administrativas lo que determina la negligencia en las actuaciones de las defensorías de familia. En centenares de casos, como le comenté anteriormente, se refleja la desidia y crueldad de unos, que no son pocos. Para estos funcionarios se requieren acciones urgentes y contundentes que generen sanciones ejemplares.

Existe impunidad total frente a estos casos y eso les da la tranquilidad de seguir vulnerando los derechos de los niños. Por ello, es indispensable que la Procuraduría accione su poder preferente para realizar las investigaciones. También se requiere el concurso de la Fiscalía, que ya se comprometió a conformar un grupo de trabajo para impulsar los procesos. Se debe enviar un mensaje claro a todos esos funcionarios que están afectando la vida de los niños, que por fin habrá consecuencias.

Señor presidente, estamos hablando de la vida de todos esos niños que son abusados, maltratados, torturados, que no asisten al colegio y que se les vulneran sus derechos. Ellos confían en usted. El diagnóstico está claro, se necesita su voluntad política y liderazgo. Espero que conociendo esta situación usted actúe de inmediato.

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