Un fallo con responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos, a título de grave culpa, contra 26 funcionarios y contratistas, profirió la Contraloría General de la República debido al enorme daño en que incurrieron contra el patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango.
El organismo de control estableció que los sobrecostos a junio de 2019 excedían en un 114,94 por ciento el valor inicialmente planeado, además del lucro cesante causado por el hecho de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018.
El fallo de responsabilidad fiscal recae sobre las siguientes personas naturales y jurídicas:
Así mismo se ordenó la afectación de pólizas por un valor cercano a los 400 mil millones de pesos y se desvinculó a la aseguradora Mapfre, toda vez que la reclamación de dicho seguro ya estaba siendo adelantada por EPM.
De igual forma se profirió fallo sin responsabilidad fiscal en favor de Anibal Gaviria Correa y Jorge M
