La Sala Plena de la Corte Constitucional con una votación de 9-0 dio luz verde al proyecto de ley estatutaria denominado ‘Borrón y cuenta nueva’, a través del cual se crean nuevas oportunidades para los colombianos en materia financiera. El proyecto de autoría de los senadores David Barguil del partido Conservador y Luis Fernando Velasco del partido Liberal y que contó con la ponencia de los representantes a la Cámara, César Lorduy del partido Cambio Radical y Harry González del partido Liberal, ahora pasará a sanción presidencial, para luego entrar en vigencia.
Es de precisar que entre los puntos más importantes del articulado, se encuentra una amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los primeros 12 meses de vigencia de la ley, los cuales permanecerán con información negativa en los bancos de datos por el término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. Así mismo contempla que cumplido ese plazo de máximo 6 meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos.
También consigna que si la persona tiene una deuda de bajo monto, es decir, menor al 15% del salario mínimo, recibirá dos comunicaciones antes de ser reportada negativamente. Así, según lo explicaron, tendrá tiempo de pagar y evitar que la incluyan en las llamadas ‘listas negras’. Cabe mencionar que el tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo será del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años. Es decir, sigue como está en la ley de habeas data actualmente.
Además, determina que a los usuarios se les permitirá actualizar sus datos personales y de contacto ante los operadores de información, y así evitar suplantaciones. Ya que podrán recibir notificaciones al momento en que se reporta una nueva obligación en su historia de crédito. Sumado a lo anterior, estipula que toda la información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la disminución de la medición, se cumpla el término de la penalidad, los cuatro años o la caducidad.
Cabe mencionar, que en su concepto, la Defensoría resaltó los avances en protección y garantías del derecho fundamental de habeas data que trae la norma y le solicitó a la Corte darle vía libre. Igualmente, la Procuraduría exaltó varios puntos del articulado, que según sus autores y ponentes, representará una nueva oportunidad financiera para más de 10 millones de colombianos.
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