*Explican los magistrados que solo en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 114 excombatientes de Farc han sido asesinados.
Tras escuchar a más de una decena de instituciones del orden local, regional y nacional, encargadas de velar por la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó cinco nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca para proteger a los excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación en el suroccidente del país, y con ello, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto.
Para la magistratura es determinante conocer qué hay detrás de los 283 asesinatos de excombatientes de Farc desde la firma del Acuerdo Final. ¿Cuáles son las razones de la victimización? ¿Hay patrones? ¿Cómo se conducen las operaciones de inteligencia para evitar la estigmatización? ¿Hay seguridad para quienes están en las Nuevas Áreas de Reincorporación?, esas fueron algunas de las preguntas que la Sección formuló a las entidades convocadas, con el fin de avanzar en el estudio de las medidas cautelares colectivas y así adoptar decisiones que fortalezcan la articulación institucional en materia de seguridad y para poner fin a los asesinatos.
Durante la diligencia judicial, que se llevó a cabo este martes en Popayán, las y los magistrados señalaron a los convocados que cuando se silencia a los comparecientes forzosos ante la JEP, no solo vulneran sus derechos y los de sus familias, sino que también se priva a los colombianos de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación. “No habrá paz estable y reconciliación genuina sin un esfuerzo común de todas las instituciones que estamos aquí, para cumplir de buena fe lo acordado en los mandatos legales y constitucionales que tenemos», manifestó la magistrada Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares.
La diligencia fue ordenada debido a la grave situación de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo Final en el suroccidente del país. Solo en estos tres departamentos 114 excombatientes de Farc han sido asesinados, así: 56 en Cauca, 40 en Nariño y 19 en Valle del Cauca. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al menos 21 crímenes responden a uno de los patrones identificados por los investigadores: Desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. En estos departamentos la tasa de muertes de excombatientes (5,28%) dobla la tasa a nivel nacional (2,59%). En esta zona la proporción de asesinados es 104% más alta con respecto al resto del país.
Actualmente, dentro del trámite de medidas cautelares, la JEP ha vinculado a 30 entidades estatales y ha emitido alrededor de 140 decisiones judiciales encaminadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad y Protección. Algunas de ellas son: 1) Ordenó al Ministerio de Defensa que brinde apoyo a la fiscalía general cuando vaya a realizar actuaciones judiciales en los territorios afectados. 2) Ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior que refuercen el Sistema de Alertas tempranas y sus decisiones 3) Ordenó a la UNP gestionar recursos para completar el programa de escoltas con 683 nuevas plazas y 40 analistas de estudios de riesgo en seguridad.
Como parte de los logros alcanzados desde abril de 2020, cuando la Sección avocó medidas cautelares para la seguridad y protección de comparecientes de la Fuerza Pública y de las extintas Farc-EP, se aprobó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de Personas en Reincorporación por parte de la Mesa Técnica de Seguridad, y su implementación, por parte de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, se aprobó el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales.
