El pensador: Cuando la calle es una selva

Por: Antonio Pipo

El paro de actividades laborales y las movilizaciones callejeras han reabastecido combustible durante los pasados días. Todo indica que continuarán.

Cuando la detención de tareas y la recorrida por las calles responden a decisiones de sindicatos, están, por cierto, amparadas por el derecho de huelga y sus extensiones normativas. Ciertamente, esto no quiere decir que uno las comparta como las mejores medidas racionales a la búsqueda de objetivos que –al menos en sus enunciados- no merecen contradicción.

Otra cosa son sus consecuencias, probadas o probables. No para debatirlo ahora, pero repaso un par de ejemplos paradigmáticos: el daño ocasionado a quienes se ha jurado proteger –sólo a título de ejemplo recuerdo que el paro de maestros volvió a dejar a miles de niños sin la alimentación que reciben en sus escuelas-, o los perjuicios provocados a la economía del país, o sea a toda la comunidad, con una detención de actividades en áreas que dependen del Estado y que acarreará pérdidas económicas irrecuperables.

Ahora bien: cuando hay expresiones populares que se derraman sobre cualquier lugar de la ciudad, sin que se sepa a ciencia cierta quién las ha organizado o siquiera el motivo –un motivo claro, comprensible, no difuso- por el cual ocurren, y se añaden durante su transcurso hechos censurables y hasta delitos, entonces no hay derecho intangible ni ley precisa que las ampare. Todo lo contrario.

Alrededor de una semana atrás fui testigo involuntario de uno de estos casos y tuve ante mí una muestra, por fortuna relativamente breve, de cómo las veredas y las calles de Montevideo pueden convertirse en una selva.

Vivo en la calle Río Branco, entre Colonia y Mercedes. El día en cuestión, desde el único ventanal de mi pequeño apartamento, movido por confusos pero estridentes ruidos que provenían del exterior, pude ver una suerte de correntada en perfecto desorden –disculpe, lector, la licencia irónica- de jóvenes que venían en el sentido de la flecha de circulación vehicular, ignoro desde dónde, descendiendo, y esto es apenas una suposición, hacia la terminal de autobuses interdepartamentales.

Las personas caminaban o saltaban, gritaban o lanzaban cohetes y, sobre todo, se dedicaban a pintarrajear paredes y vidrios de edificios, comercios y empresas.

¡Si eso hubiese sido lo único!

Advertí con claridad que la mayoría transitaban en estado notorio de drogadicción o de alcoholismo y se dedicaban, además de portar pancartas cuasi ininteligibles o banderas que no pude identificar por rotas y sucias, a comercializar -¿quién no aprendió aún a no tener dudas cuando eso ocurre?- con otros jóvenes con quienes se cruzaban, o cuida coches que añaden esta actividad para echarse una fumada o tragarse en un santiamén un litro de vino, paquetitos de pasta base que iban y venían, igual a arrugados billetes de recaudación, a plena luz del día. Eran, aproximadamente, las seis y media de la tarde.

¡Caramba!, dirán algunos, pero es libertad de expresión y de movilización.

No, no. Confundir chicha con limonada ya no sirve como argumento. Estaban cometiendo por lo menos un delito y dañando, en reiteración real, los bienes muebles de honestos ciudadanos sorprendidos por esa salvaje expresión que parecía dispuesta a arrasarlo todo.

Ah, pero algo curioso…

No pasó a mayores, aunque no supe de detenciones y los vecinos debieron al otro día reparar los diversos deterioros sufridos en sus propiedades, porque en la esquina de Río Branco y Mercedes, en dirección a la calle Herrera y Obes, la Guardia Republicana había montado una barrera y amontonado efectivos. Claro, lo único que preocupaba a las autoridades era que la horda no se dirigiese hacia la sede del Ministerio del Interior, a pocos metros de allí; todo lo demás, como prevenir lo que iba pasando a lo largo de Río Branco, parecía asunto ajeno a cualquier acción preventiva o represiva.

No logré ver dónde, exactamente, se disolvió la salvajada, ni qué otras circunstancias ocurrieron en perjuicio de la gente ajena a ella.

No voy a abundar en la descripción de esta peripecia. Cualquier lector la debe haber padecido antes, sin distinción de zonas o vías de tránsito de la capital.

Me preguntaré una vez más, eso sí, hasta cuándo el Estado se atará las manos por razones de estrategia política, ya que acá no hablamos de vulnerar derechos de huelga o movilización sino de derechos de otros pasados por encima con omisión, supongo que ordenada “de arriba”, de la fuerza pública y hasta del delito de, al menos, un micro tráfico de drogas a la vista de todo aquel que quisiera mirar.

Y en algo insisto: son manifestaciones de una degradación social creciente, en apariencia incontrolable, que nada tiene que ver con la pandemia que soportamos ni con los manejos económicos del gobierno, ni con la pobreza contra la que todos queremos luchar, aunque sea transparente que hay quienes, en su interior profundo, les importa un quinto carajo porque ya no son recuperables para la construcción de un país mejor.

Sus objetivos, conscientes o como autómatas manejados por vaya a saberse qué intereses, son las adicciones, el dinero fácil y el desprecio por los demás.  

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