Esta semana, el Concejo de Barranquilla aprobó el Acuerdo 0005 del 2021, por medio del cual le dio vía libre al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que suscriba un contrato con la entidad Siembra Barranquilla.
Según lo estableció el Concejo, esta entidad podrá tener la concesión extendida a 20 años para la arborización en toda la ciudad.
Sin embargo, esta decisión no cayó muy bien en la opinión pública de la ciudad, hasta el punto que varias veedurías pusieron la lupa en el documento y lo calificaron como «improcedente» y «antijurídico».
La veeduría Al Fondo Plano, en cabeza de Luis Alvarado, reveló que este acuerdo no es «viable» ni «sustentable» para el Distrito, toda vez que esta empresa fue creada con presuntas irregularidades, con un nombramiento realizado mediante un acta, sin que se tuviera en cuenta que éste no configura un requisito idóneo para crear una empresa ‘mixta’.
Sin embargo, lo que más alarma a la veeduría es que el Acuerdo contempla que durante los 20 años de concesión,el Distrito de Barranquilla debe girar recursos superiores que ascienden a más de un billón de pesos. Esto, a opinión de Alvarado, es un «exabrupto» y ocasiona un daño profundo a las finanzas de la ciudad.
«A pesar que en el documento del Acuerdo está contemplada como un consorcio, los documentos de Siembra Más Barranquilla no establecen que sea una empresa comercial ni industrial, ni mucho menos un consorcio», expresó.
Al mismo tiempo, calificó este contrato como un acuerdo «leonino», toda vez que no llena los requisitos de legalidad.
«Esta empresa no es un consorcio, es una empresa privada legalmente establecida hace cuatro años que tiene su gerente. Y los más grave: descubrimos que de su junta directiva hacen parte varios funcionarios públicos del Distrito,algo que está totalmente prohibido por la norma», agregó.
Reprochó además que si lo que el Concejo buscaba era crear una Unión Temporal, se debía crear una organización con otro nombre de la cual participaran Siembra Más Barranquilla y ADI. Sin embargo, para el veedor, el Concejo dio a entender que Siembra Barranquilla iba a ser el consorcio conformado por la empresa ADI (estatal) y Ecojardineros (privada), cuando en realidad en la práctica no es así.
«Estos funcionarios se extralimitaron en sus funciones porque ellos no pueden torcer la ley, y deben ser investigado por haber aprobado una concesión a 20 años. De hecho, ya sacamos un primer informe donde argumentamos que esta empresa no es legal porque no está establecida como un consorcio o una unión temporal», indicó.
Precisó que hoy la ciudadanía está ante un hecho en el cual tiene que actuar la Procuraduría y la Contraloría Distrital.
«En los próximos días el alcalde Jaime Pumarejo debe firmar si aprueba el acuerdo o si le entrega la concesión a la empresa ADI. Pero para sorpresa de todos encontramos que el señor Alberto Salah, exgerente del Foro Hídrico, es el gerente de ADI y también pertenece a la junta directiva de Siembra Más Barranquilla, configurándose un claro conflicto de intereses», reclamó.
En medio de la polémica, tras el billón de pesos aprobado por el Concejo de Barranquilla, se pudo comprobar en documentos de la Cámara de Comercio de Barranquilla que en esa empresa el Distrito tiene el 74% de los gastos. Mientras tanto, la empresa Eco Jardines S.A.S. tiene el 25%, equivalente a 1.250 millones de pesos, muy a pesar que esta empresa actúa como consorcio o una unión temporal, (regido por el artículo séptimo de la ley 80 de 1993).
“Para nosotros es una irregularidad por parte del Concejo Distrital haber aprobado dicha empresa que desde un comienzo se pudo ver que no sería viable para el Distrito, teniendo en cuenta que la ciudad requiere inversión en otros aspectos de ciudad, los cuales son mucho más importantes”, afirmó Alvarado.
De igual manera, por medio de varios documentos de la Cámara de Comercio que la empresa Siembra Más S.A.S se encuentra endeudada: debe más del 50% de los activos y ello la hace inviable de salvar.
