El alcalde demócrata Eric Garceti, firmó una legislación que criminaliza a los campamentos de personas sin hogar en varias zonas de la ciudad. La ley se aprobó de manera unánime por el Concejo Municipal.
Al rededor de 66 mil ciudadanos en Los Ángeles no cuenta con un hogar, por lo que se ven forzados a vivir en las calles. Esta es sin duda una crisis que ha ido en aumento por diversos factores, pero el principal de estos es el alto costo de las viviendas y la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno para ayudar a tener acceso a una propiedad.
Por el contrario, en la capital del estado de California, se ha venido fomentando legislaciones que protegen a propietarios de inmuebles. El The New Republic enumera en una de sus publicaciones, algunos de los factores que evidencian esta situación:
- La aprobación de la Proposición 13 en 1978 congeló los impuestos a la propiedad desde el momento de la compra. Por lo tanto, los propietarios que negocia con el alquiler de viviendas casi no tienen responsabilidades en la contribución fiscal de California.
- Las leyes aprobadas en la década de 1990 hacen que el control de los alquileres sea ilegal.
- Los precios de las casas durante veinticinco años en el distrito de Venecia han aumentado de $ 300.000 a $ 2 millones.
- El alquiler ha aumentado en un 65 por ciento en solo 10 años, y el programa de vales de vivienda de la ciudad ha estado cerrado por la misma cantidad de tiempo.
Casos como estos llevan a los inquilinos de bajos ingresos a quedarse sin vivienda, situaciones que son impulsadas por propietarios interesado en que los inmuebles sean desalojados ‘para utilizarlos como alojamientos vacacionales que les puedan generar mayores ganancias.
Las leyes de la ciudad no demandan que haya espacios de refugio para atender la crisis. Los pocos sitios que están disponibles tienen severas exigencias como que los residentes se deshagan de sus posesiones antes de ingresar o que las parejas vivan por separado.
De los que habitan los refugios, solo el 15 por ciento hace la transición a una vivienda permanente.
La gente sin vivienda queda prácticamente sin otra opción que no sea la de armar campamentos improvisados en las calles de la ciudad. Pero hasta en esa condición también están siendo atacadas, y ahora podrían ser acusados de infracciones y llevados a las cárceles.
En los últimos tiempos, la represión policial en ese sentido ha incrementado considerablemente, y The New Republic lo vincula a la necesidad de ir “limpiando” las áreas que escenificarán los Juegos Olímpicos de 2028.
“Los intereses adinerados están invirtiendo cada vez más recursos en su lucha sin límites contra los residentes más vulnerables de la ciudad”, señala el medio.
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