El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles la personería jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de las cuales son asociaciones médicas que habían criticado el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del régimen de Daniel Ortega.
La medida, solicitada por el Ministerio de Gobernación y aprobada con 70 votos a favor y 16 en contra, también dispuso que los bienes de las 24 ONG pasen a ser «propiedad del Estado», según la resolución aprobada en sesión plenaria.
«No hay un afán persecutorio ni de dañar a ninguna ONG, solo se está aplicando la ley», alegó el diputado liberal y aliado del oficialista Frente Sandinista, Wilfredo Navarro.
Entre las ONG afectadas hay asociaciones de especialistas en nefrología, cáncer, diabetes, neumología, climaterio y menopausia, infectología y anestesia. También figura el Centro de Desarrollo y Promoción Social (CEPS) que dirige el epidemiólogo Leonel Argüello, uno de los médicos que más ha cuestionado el manejo de la pandemia.
El cierre de estas 24 oenegés se sumarían a las 10 ya suspendidas por el Parlamento nicaragüense desde diciembre de 2018, entre las que se encuentran organizaciones de derechos humanos.
Durante las últimas semanas, al menos seis médicos han sido citados por el Ministerio de Salud, la entidad que los regula, y se les ha amenazado con cancelarles sus licencias de continuar dando declaraciones a los medios de comunicación sobre la pandemia.
El caso más reciente fue el neumólogo Jorge Miranda, quien aparte de la amenaza de suspensión de la licencia médica, se le advirtió que por sus declaraciones podría incurrir en la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece cárcel a quienes “divulguen noticias falsas o que causen zozobra”.
“El viceministro de Salud, Enrique Beteta, me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen, y según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, explicó el médico a su salida de la cita el 26 de julio.
El Colectivo de Derechos Humanos Nunca + contabiliza hasta la fecha 34 organizaciones que han sido canceladas bajo procesos que considera arbitrarios, ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo.
“La Asamblea Nacional violenta su propia Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, al cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones al señalarlas con falsas imputaciones delictivas, sin que se les permita el derecho a ser oídos y el derecho a la defensa”, indicó.
“Repudiamos la continuidad de la represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil, a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación y el derecho humano a la salud”, añadió la organización.
La suspensión de personerías se da en momentos donde dos importantes organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron un comunicado conjunto en el que piden al gobierno de Nicaragua cesar en el hostigamiento contra el gremio médico del país.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que han hecho un llamado para que las autoridades de la nación centroamericana dejen de presionar a los profesionales de la medicina.
Profesionales de la salud rechazaron la medida en un comunicado, al considerar que afectará a los beneficiarios de esos servicios. Denunciaron que se trata de un intento del gobierno para «callar los señalamientos de especialistas sobre la mala gestión de la pandemia y salud».
Nicaragua, uno de los países que no aplicó medidas de contención de la pandemia, reporta oficialmente 9.651 casos y 194 fallecidos por COVID-19, pero esas cifras son cuestionadas por grupos independientes de médicos y ciudadanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que la cancelación a la identidad legal a esas 24 oenegé que «velan por la salud y la vida de los nicaragüenses» es una violación al derecho de libertad de asociación.
En 2018, en medio de una crisis política detonada por protestas sociales , el Parlamento anuló el estatus jurídico a nueve ONG, incluido el CENIDH, acusadas de promover actividades «terroristas» y «golpistas».
Mientras tanto, la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó su fórmula presidencial para retar a Ortega en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en medio de la reciente ola de arrestos de 29 líderes políticos y civiles.
El exjefe de la Resistencia Nicaragüense Oscar Sobalvarro y la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada fueron proclamados como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente, en un acto realizado en un hotel de Managua, resguardado por la Policía Nacional.
Tres de los 29 detenidos desde mayo pasado, que están siendo investigados por supuesta «traición a la patria», estaban inscritos como precandidatos a la Presidencia de CxL: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre. Los otros cuatro aspirantes presidenciales arrestados son Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Medardo Mairena.
