Amenazados se sienten los pobladores del departamento del Atlántico frente a la instalación de un peaje a menos de 40 kilómetros de distancia como es el caso del municipio de Baranoa y el corregimiento de Arroyo de Piedra jurisdicción de Luruaco, que será impuesto para el año 2022.
La instalación de una nueva caseta de peaje en el Sur del Atlántico se ha convertido en un tema polémico porque ocasionaría una gran impacto económico para los habitantes de esa localidad y del resto del departamento, a sabiendas que son personas que viven del sector agropecuario y la pesca.
Conforme a los atlanticenses, esta política arbitraria de peaje que implementa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte resulta un malestar que no cesa.
Respecto a eso, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, explicó: “quiero aclarar que encontramos los proyectos de cuarta generación todos contratados y estructurados y el que no estaba contratado de alguna manera tenía un derecho y eso hizo que un tribunal firmara un contrato porque no se presentó ningún otro proponente.
Las APP tienen una matriz de riesgo del contrato que asume la nación y otros que corren por cuenta del concesionario, ese contrato lo que establece es que si no es viable la instalación del peaje de Arroyo de Piedra a través de la socialización con la comunidad y las tarifas diferenciales hay que buscar una herramienta contractual en el caso que no se logre una negociación”, anotó.
Asimismo, la funcionaria dijo que, “en otros proyectos nos ha pasado que se reduce el alcance, es decir si el ingreso del peaje no viene uno se sienta a mirar cuáles son las alternativas contractuales y tenemos ejemplos como la malla vial del Meta que duramos una cantidad de tiempo esperando un fallo de un tribunal donde quedaba claro que había que reducir y para eso se hizo todo un proceso de priorización con las comunidades, gobernadores, de cuál sería el alcance definitivo porque alguien que va a construir no puede hacerlo a pérdidas”, señaló.
La ministra enfatizó que en este caso del peaje en Arroyo de Piedra, existe una autorización tal como está estructurado en el contrato y es un riesgo imputable al Estado, “por si no se puede instalar el peaje se buscan alternativas, luego hay una autorización tan pronto inicie el proceso primero habrá un trabajo con las comunidades, autoridades, con la Gobernación del Atlántico, como lo hemos hecho en muchas partes del país; así como también en Puerto Colombia que se diseñan esquemas de tarifas diferenciales donde para los habitantes de la zona existe el esquema de dicha tarifa precisamente porque viven ahí”, manifestó Orozco Gómez.
“En los proyectos de la quinta concesión de concesiones viales del bicentenario salvo las privadas y del sur, todas se estructuraron con base en los peajes existentes. En esa Ruta Caribe 2 hay unos recursos que han ingresado a la fiducia y lo que se hizo fue un acuerdo para que se destinen a obras en Bolívar y en el Atlántico”, agregó la jefe de la cartera de Transporte en el país.
Tras los recientes pronunciamientos de la ministra de Transporte, la bancada del Atlántico levantó su voz como rechazo a la implementación de peajes en el departamento puesto que perjudicaría a la gente y aún más en estos momentos que apenas inicia la reactivación económica. Los congresistas se mostraron preocupados y molestos por la situación y en ese sentido indicaron que llegaran a las últimas consecuencias para defender a los habitantes del departamento.
Lo que significa para el Gobierno Nacional ‘una competitividad’ como lo han venido anunciando la implantación de peajes en el Atlántico, para la comunidad no es más que una tragedia que está a punto de ocurrir y le puede costar el sustento diario.
