[Editorial] Una propuesta sensata

La escalofriante cifra de más de 1.000 casos de contagiados con covid-19 en diferentes centros carcelarios de Colombia, debería acelerar el encendido de las alarmas por parte de las autoridades encargadas de poner en práctica todos los procedimientos que conlleven a frenar el auge de la propagación del virus ahora en estos lugares constituidos para pagar las penas establecidas  por los crímenes cometidos por todos aquellos que tienen en dichos escenarios su modus vivendi.

Lo cierto –como lo habíamos comentado en este mismo espacio editorial– un sistema carcelario como el de Colombia que arrastra desde hace muchos años un hacinamiento de casi el 60 por ciento, hoy en tiempos de coronavirus, el país tiene el urgente desafío de evitar que los centros penitenciarios se conviertan en el escenario de una catastrófica expansión de la pandemia.

Lo que está ocurriendo en la mayoría de las  cárceles es una señal de alerta contundente y dolorosa que debe conducir a tomar las acciones pertinentes.

En buena hora el Gobierno dio paso de promulgar el decreto 546 de 2020, que permite aliviar el sobrecupo en los centros de reclusión, en los que actualmente se encuentran privadas de su libertad 5.742 personas mayores de 65 años.

Esta es una norma que además contiene otras medidas adicionales con el propósito de evitar contagios masivos de coronavirus en cárceles donde los reos duermen y viven en pequeños espacios, uno encima de otro y en no pocas ocasiones sin acceso a elementos básicos de higiene, comenzando por agua potable, por lo que el riesgo de propagación es gigantesco.

No se trata de permitir que peligrosos delincuentes salgan a la calle para atemorizar a la población.

Por supuesto que autorizar que salgan de las celdas personas responsables de ciertos delitos o que se les permita purgar la pena en sus domicilios genera inquietud.

Es apenas comprensible en un país en el que la seguridad ciudadana es un problema que en el último tiempo viene creciendo y en el que son evidentes las falencias del Inpec en la labor de monitorear a quienes hoy en día gozan del beneficio de la detención domiciliaria.

Del otro lado de la balanza está el peligro de un avance de la enfermedad en estos lugares de hacinamientos y que cobre un número incalculable de vidas humanas por efectos del Covid-19.

Lo que hay que evitar son las equivocaciones en el sentido que peligrosos delincuentes salgan de la cárcel para atemorizar a la población, por lo que  habrá que analizar el riesgo de reincidencia de cada reo y así saber con mayor certeza quiénes pueden ser objeto de las medidas de alivio, no tanto por el sempiterno hacinamiento existente, sino para evitar la propagación del virus.

Claro está, que no sería aceptable –desde ningún ángulo que se le mire– que saquen de la cárcel a violadores o asesinos que representen un riesgo grave para la seguridad ciudadana; pero sí que se considere la necesidad de descongestionar las cárceles, sacando de allí a personas que por ciertas características no representan un peligro grave para la sociedad.
De ahí que una decisión sensata, debería apuntar a que la población vulnerable y aquellos privados de la libertad que hayan cumplido el 80% de la pena, tengan más de 65 años sean objeto de beneficios, a la par que se tomen medidas efectivas para que los que permanezcan recluidos no sigan expuestos al contagio.

#DIARIOLALIBERTAD

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