Por: Alberto Ortiz Saldarriaga
Este lunes podría representar el inicio de una auténtica hecatombe de salubridad con un retorno a colegios y aulas de docentes y estudiantes, sustentado en la razón de la fuerza y no en la fuerza de la razón.
Con un virus y una pandemia aún sin superar, con incipientes niveles de vacunación, con una variante que, como la delta, cuestiona desde ya la eficacia y efectividad de las vacunas existentes y con un evidente ánimo de retaliación del gobierno central hacia los docentes, en el que no importa que quienes queden en el medio sean los estudiantes y sus familias, arranca un proceso de presencialidad improvisado, irresponsable, infame y hasta criminal que podría generar insospechados rebrotes y muerte.
Hasta los padres de familia del mejor colegio público de Barranquilla por resultados, el Alexander Von Humboldt, saben y así lo han manifestado, que no hay condiciones de bioseguridad para una población escolar a la que las nuevas mutaciones del virus amenaza, lo que en espacios geográficos en los que sí importa la vida y esta se antepone y prevalece sobre los negocios y los
mercaderes, obligó a empezar a vacunar y a niños y adolescentes.
Si eso pasa con la Humboldt y con privados como el Sagrado Corazón de la Calle 74, cuyos padres en idéntico sentido protestaron, ¿Qué se puede esperar entonces en colegios donde la inversión ha brillado históricamente por su ausencia y a los que los funcionarios de la educación no pueden instrumentalizar mediáticamente para sacar pecho y réditos politiqueros? Nada sin lugar a dudas.
Sus poblaciones escolares serán enviadas a una prueba con todas las características de un holocausto.
Ni siquiera muchos de los rectores del sector público, han entendido, infortunadamente, que la bioseguridad nada tiene que ver con lo moderna o nuevas que sean las infraestructuras que se les han entregado o, mejor, con las que se les han premiado de manera selectiva y excluyente por parte de las últimas administraciones de la ciudad.
Estéticos, pero no funcionales y menos bioseguros, son muchos de los nuevos colegios, pues su copiada concepción arquitectónica permite la recirculación del aire y del virus y no la adecuada ventilación y renovación periódica que en las aulas se necesita frente al virus.
Es muy difícil entender cómo estos aspectos prácticos no se logran dimensionar pero mucho más incomprensible resulta comprender cómo un sector político con una alta credibilidad a nivel de encuestas se juega su reputación y capital político plegándose obediente y ciegamente a lo que dictamina, desde una evidente irracionalidad, un gobierno central con una favorabilidad por el suelo, desprestigiado y que en sus últimos estertores no se cansa de incurrir en estupideces que se traducen en pérdida de vidas y repudio generalizado.
Si se conjugan varios factores, como ojalá y de todo corazón deseamos que no ocurra, nos encaminamos una vez más a ser epicentro de un nuevo pico de contagios y de muertes más complejo y problemático que los anteriores en tanto se están forjando convenientemente, así todavía no se entienda, todas las condiciones ideales para que la variante delta ingrese, haga de las suyas y nos vuelva a recordar dramáticamente que el COVID-19 aún no es tema del pasado o asunto definitivamente superado.
Solo queda como última esperanza que desde el poder judicial, que aún trabaja también remotamente, se entienda la situación y se valore que después de ejecutada la experiencia piloto que se pone en ejecución con maestros, estudiantes y padres de familia, son ellos los que siguen en el orden de los sacrificios humanos que al estado le resta por perpetrar, valiéndose del COVID-19.
De la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la Contraloría, el congreso, concejos y la mayoría de alcaldías y gobernaciones no se espera nada diferente a lo que han venido haciendo: ser un eficientísimo comité de aplausos y de respaldo al uribismo y a Duque. Si la justicia, en el plano interno, no muestra su autonomía e independencia, las demandas por las muertes que se ocasionen tendrán que interponerse ante instancias y organismos internacionales ante los cuáles, hasta los operadores judiciales, seguramente deberán responder por omisión en su deber de hacer prevalecer la Constitución y el derecho fundamental a la vida sobre normas que, groseramente, las contrarían.
Lo cierto es, que a la Resolución 777 del Minsalud y a la Directiva Ministerial 05 de Mineducación solo les faltó un artículo o un parágrafo que señalara como obligatorio para docentes y estudiantes, de manera reverencial, pronunciar simbólicamente ante el presidente Duque y en la ceremonia de apertura apresurada de las escuela el saludo que se dice que los condenados a muerte
presentaban antes de ser sacrificados ante el emperador Tiberio Claudio César Augusto: “Ave, Caesar, morituri te salutant” (Salve, Cesar, los que van a morir te saludan”.
