Pensar en la humanización de los servicios de salud

Por: Lina María Bedoya Ramírez

El trabajo que se viene desarrollando por el Ministerio de Salud colombiano, denominado “Entretejemos esfuerzos en la construcción de la cultura de humanización para el goce efectivo del derecho a la salud y la dignidad humana” 2021-2031, que a la fecha se encuentra en la versión en revisión Número 8, se ha propuesto formular una “Política pública con valor y sentido humano”, documento para ser implementado a nivel nacional, que hace parte del esfuerzo que viene realizando orientado a constituir un camino de mediano y largo plazo para el sector salud, en pro de la formulación de políticas comprometidas con el mejoramiento de las condiciones de vida y de salud de los ciudadanos, en sintonía con las determinantes sociales presentes en las distintas realidades poblacionales del país. Pretende que la humanización sea principio transversal en las diferentes políticas nacionales, territoriales e institucionales, tanto privadas, públicas como mixtas, constituyéndola así en un imperativo del sector salud. Ello implica, centrar los esfuerzos en el ser humano, fortalecer la relación empatía entre los agentes del sector, otros sectores relacionados y la ciudadanía, cualificar la experiencia de interacción entre las personas y el sector salud, de tal manera que se favorezca el surgimiento de una cultura de humanización, el goce efectivo del derecho a la salud y la consolidación de la protección de la vida y de la dignidad de las personas.

Como base de ello en Colombia existe un marco normativo concerniente a la humanización del servicio de salud. A partir de este aparataje normativo la ley insta a las instituciones prestadoras del servicio (IPS) a contemplar en su proceso de planeación de la atención, el diseño de una política de atención humanizada que incluya criterios para el paciente y el personal de la institución. Tres de estas normas son: el Decreto 1011 de 2006, la Resolución 2003 de 2014 y la Resolución 3100 de 2019. En estas se exige a los prestadores de servicios de salud contar con un programa de seguridad del paciente, con la intencionalidad de la prestación de un servicio digno y con respeto como primer eslabón en la humanización de la atención. En su componente de acreditación se busca, con la implementación del Sistema Único de Acreditación (SUA) por medio de la Resolución 123 de 2012, una atención centrada en la persona, desplegando la humanización como eje transversal a todo el sistema, modificada a su vez por la resolución 5095 de 2018 por el cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1.

Así mismo, la Superintendencia Nacional de Salud como entidad encargada de la inspección, vigilancia y control en el sistema de salud colombiano, mediante la circular externa número 000008 de 14 septiembre de 2018 que modifica la Circular Única 047 de 2007, que aborda el trato digno a los usuarios y les da unas características que se deben cumplir como mínimo, entre ellas: Dar un trato humanizado, con observancia del respeto, la cordialidad, la orientación y comunicación permanente (…) capacitar por lo menos una vez al año a aquellos funcionarios encargados y responsables de la atención a los usuarios sobre el tema del trato digno (…) Las entidades deberán garantizar que el 100% de los funcionarios encargados de la atención a los usuarios por los diferentes canales de atención, hayan recibido dicha capacitación (Supersalud, 2018). La implementación de una política de humanización traducida en acciones específicas, planeadas y medibles de cara al usuario de los servicios de salud no se reflejan en la realidad de la atención en la mayoría de las instituciones en Colombia, pareciera que su modelo de atención no se centra en la persona, sino en la subjetividad de los administradores de los distintos actores del sistema, en este caso las instituciones prestadoras de salud, IPS. Lo que conlleva a que de forma unilateral el prestador desde su posición dominante centre su atención en la organización y no en el paciente y su dignidad humana: “Además el sistema actual gana con la larga duración econo-lógica: más ganancias, rendimientos, mayor control de capital y la naturalización del sistema, que genera una aceptación moral del statu quo; su prolongada existencia desalienta cualquier resistencia” (Clavijo, 2017, p. 47). Desde esta perspectiva con el tiempo, los seres vivientes se deterioran, pero el sistema se fortalece y suscita la sensación de perpetuación e irreversibilidad. En esta econo-lógica la vida se convierte en una variable medible y si el viviente o “factor” muere, cesa el gasto en él. Aquí, se revela el centro del carácter deshumanizante del sistema de salud, pues la bio-lógica se ha transformado en una econo-lógica.

La lógica del sistema anclada en la economía y finanzas son la causa de la deshumanización en la prestación del servicio de salud que presenta relaciones y explicaciones a todas luces como ejemplo de la sofisticación del sistema, es así la invención de dos regímenes no obligatorios como son: la medicina prepagada y el plan complementario buscan cubrir los intereses y privilegios de ciertas clases que desde el poder adquisitivo cubren el servicio que a claras luces se convierte en prebenda, lo que va en contravía del discurso revelado desde la perspectiva de humanización del servicio. El sector salud es el enfoque de este estudio y merece especial atención, no sólo por concentrar elevados recursos presupuestales, sino por las graves implicaciones de la corrupción en términos de daños colectivos e individuales. Adicionalmente, como aquí se discute, los casos de corrupción en el sector salud del departamento de Córdoba y su capital Montería se relacionan con otros casos de corrupción en sectores como el de educación y el sector justicia del nivel nacional

Dentro de los numerosos casos de corrupción que involucran a las dos últimas administraciones departamentales (2012-2018) en Córdoba, tal vez los más relevantes son los desfalcos al sector de la salud en el departamento, al punto que se estima que se podrían haber desviado, comprometido y defraudado recursos públicos por una cuantía superior a $75,000 millones (aprox. $25 millones USD) en el periodo en referencia. En particular, el caso conocido como el «Cartel de la hemofilia» ha resultado en la imputación de cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación a los ex gobernadores Alejandro Lyons (2012-2015) y Edwin Besaile (2016, destituido en 2018; Garay, 2020). La corrupción como el hecho de la desviación de recursos públicos para las arcas de particulares corresponden a la deshumanización en la prestación del servicio a los grupos más vulnerables, clasificados como pobres y que se encuentran en el sistema en el régimen subsidiado su mayoría, es así como las veedurías en la ciudad capital y departamento han tenido un importante desenvolvimiento que desde años anteriores registran estos hechos de corrupción. Otro caso es el Cartel del VIH que se relaciona con tratamientos ficticios a pacientes diagnosticados con VIH/SIDA. La Superintendencia de Subsidio Familiar advirtió las posibles irregularidades que posteriormente impulsaron el caso en 2017, cuando el déficit de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba –Comfacor– pasó de $50,000 millones en 2015 a $270,000 millones (USD 90 millones) en 2017 (Bolívar, 2019). Aunque las inconsistencias se denunciaron e investigaron en 2017, la Procuraduría General de la Nación había identificado irregularidades en la contratación de servicios de salud para pacientes con esta enfermedad desde 2004.

D.A.

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