En el Senado de la República, y por iniciativa de miembros de la bancada alternativa, se llevó a cabo un debate de control político por los hechos de violencia que se han dado en el marco del paro nacional en Colombia, en donde fueron citados el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.
Antonio Sanguino, senador por el partido Alianza Verde, dijo: “Este paro nacional fue una expresión de la ciudadanía que recoge exclusiones históricas y demandas no resueltas por la sociedad colombiana, pero que también recoge las demandas del paro nacional del 2019, escamoteadas como una operación cosmética de conversación nacional del presidente Iván Duque y que recoge en esta protesta, las demandas y las angustias de los colombianos golpeados por una pandemia mal gestionada y mal atendida”.
Por su parte, el senador por Comunes y uno de los citantes a la jornada, Julián Gallo, solicitó explicaciones sobre las víctimas mortales durante el paro nacional.
El senador por el Polo Democrático, Alexander López, señaló: “En Colombia, históricamente han sucedido situaciones demasiado dolorosas y graves, quienes nos han gobernado en los últimos 60 años han llevado a Colombia a la peor degradación de la historia, en materia de violación de los Derechos Humanos”.
Representantes del Gobierno Nacional
Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior comenzó su intervención manifestando su intención de que “el mundo conozca que el Gobierno Nacional no solo garantiza el derecho a la protesta social, sino todos los derechos de los colombianos, derechos que están consagrados en la Constitución y que por obligación todos los servidores públicos debemos cumplir”.
También señaló que “en ese sentido hay que decirle al país que durante estas jornadas de protesta se han presentado más de 11.683 actividades registradas y que de esas actividades registradas, hemos tenido intervención del Esmad en 1305, un poco más del 10%”, precisó Palacios Martínez, quien aseguró que dichas intervenciones “están facultadas dentro de nuestra Constitución y ordenamiento legal, dentro del principio de la diferenciación, claramente estipulado en el decreto 003/2021, donde se establecen las garantías para la protesta social como producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
A su turno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, expresó el compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad de los colombianos, al tiempo que explicó el actuar de las instituciones del Gobierno durante las protestas, “siempre en el marco del respeto por los Derechos Humanos”, enfatizó.
La alta funcionaria, por otra parte, rechazó los hechos de violencia, “que desdibujan la protesta pacífica, que han afectado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad, como también los bloqueos que atentan contra el derecho a la alimentación, la salud, la movilidad, el trabajo entre otros”, expresó.
Partidos intervinieron
La senadora por el partido Conservador, Esperanza Andrade, durante su intervención señaló: “A nombre de nuestro partido Conservador, el partido de la autoridad, del orden, de la legalidad, con respeto pero también con firmeza, debemos lamentar las consecuencias generadas con esta situación y con el actual estallido social, que se inició como una protesta pacífica, consagrada y autorizada por nuestra Constitución Política, como es el derecho a la manifestación pacífica y respetuosa, pero que con el paso del tiempo ha venido afectando a todos los colombianos, sin distinto social, a empresarios a comerciantes, pero en especial a los compatriotas más pobres en los rincones más alejados de nuestra patria. En esta lamentable situación, se han registrado historias crudas, inexplicables y absurdas, que generan dolor y tristeza, historias producto del actuar violento de quienes quieren desestabilizar nuestra democracia”.
Por su parte el senador por el partido Centro Democrático, Ernesto Macías, dijo: “Asistimos a otro debate montado contra la Fuerza Pública. Los Derechos Humanos pertenecen a toda persona, en razón a su dignidad humana, incluidos nuestros uniformados. Reiteradamente han pisoteado los Derechos Humanos de nuestros uniformados. Hacen una campaña inclusive internacional contra nuestra Fuerza Pública, para desprestigiarla”.
