El representante a la Cámara, por la coalición Decentes, David Racero, ante el Consejo de Estado, presentó una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional urgente de las acciones estimadas en el decreto 575 del 28 de mayo de 2021 «Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público», expedido por el presidente de la República Iván Duque Márquez y el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez.
De acuerdo con el congresista, el decreto que ordena la asistencia militar y el despliegue de acciones policivas para levantar bloqueos, buscando el restablecimiento del orden público en 8 gobernaciones y 13 municipios, “vulnera la protesta social, agudiza la situación política y social por la que está atravesando el país, y promueve mayores vulneraciones de Derechos Humanos”, expuso.
Racero sustentó la demanda de nulidad en tres 3 razones principales:
Para el congresista, “con la puesta en marcha del decreto 575 se autoriza la participación de las Fuerzas Militares, pero de conformidad con tratados internacionales y jurisprudencia nacional, estos no deben intervenir en la contención o control de la protesta social porque ello incrementa el riesgo de mayores vulneraciones de Derechos Humanos en nuestro país y principalmente porque esta función debe ser exclusivamente por la Policía Nacional”.
Adicionalmente, Racero indicó que “el decreto no garantiza el ejercicio de la protesta, toda vez que no ofrece ninguna posibilidad pacífica de tramitar las peticiones de los ciudadanos que están protestando y, por el contrario, ordena el uso de la fuerza militar y policial como la primera única medida para lograr el restablecimiento del orden público, yendo en contravía del mismo Código de Policía y del estatuto que regula la protesta que indican que se debe dar primacía al diálogo y a la mediación en las protestas y que la fuerza debe ser utilizada como último recurso”.
En el último punto, expuso el parlamentario, que el decreto, “desconoce la autonomía territorial y vulnera los avances en materia de diálogo que han venido adelantando los gobernadores y alcaldes que han considerado que la solución a la actual crisis es el diálogo y la concertación”.
