Que prevalezca el Estado Social de Derecho

El derecho a la protesta no puede equipararse al precio de la destrucción de la propiedad privada de los demás o de los bienes  públicos, que pagamos todos y como en cualquier manifestación existe la posibilidad de que brote la violencia, las autoridades necesitan contar con herramientas para controlarla y repelerla, a través del uso proporcional y mesurado de la fuerza, cuando fuese necesario, es por eso que para el avance del diálogo nacional es imperioso desactivar la violencia callejera.  

Es evidente que en los últimos días en Barranquilla y Colombia, ha aflorado una profunda diferencia entre dos grupos antagónicos, por un lado los representados por   quienes están proponiendo que se  cumplan en forma  pacífica sus peticiones y por el otro aquellos que acuden criminalmente al vandalismo, a la violencia y a las vías de hecho, como ha quedado patentizado desde el pasado 28 de abril en las carreteras y en las calles de las ciudades más importantes de nuestro país.  

Mientras tanto, lo  que sí se puede afirmar es que una sociedad como la nuestra que desde tiempos inmemoriales ha venido clamando  porque no se presenten  excesos de la fuerza policial y el ejército, debe clamar igualmente para que se respeten la vida y la integridad de policías y soldados, y se respete la propiedad privada gravemente lesionada durante las jornadas de protesta.

Consideramos conveniente y necesario a todas luces,  que los diálogos entre las partes en contienda deberían avanzar y la ocurrencia de hechos violentos   desaparecer de las marchas de protesta, para que se pueda cumplir el mandato constitucional.

Es por eso que las posibilidades  del inicio de la búsqueda de un consenso en medio  del mayor respeto y las buenas costumbres,  no pueden terminar en la anarquía y la violencia que reina en las calles, a lo que tenemos que agregar  el desabastecimiento de alimentos, con el consiguiente aumento del valor de los productos de la canasta familiar, tal como está ocurriendo en Barranquilla, un fenómeno originado por los bloqueos al transporte de alimentos hasta los centros de consumo.

Si es cierto y eso siempre lo hemos esbozado en este mismo espacio editorial, que cualquier Estado Social de Derecho, como es el nuestro, tiene que ser  dialogante, respetuoso de las ideas ajenas y de las diferencias, que debe centrarse en proyectos eminentemente sociales, políticas públicas y planes de inversión.

Que debe escuchar la voz de los marginados y los desposeídos, que debe oír la voz de la clase media, de los dirigentes, debe ponerle atención a los estudiantes y a los pensionados; a los grandes industriales y a los microempresarios, es decir debe oírlos a todos, así mismo ofrecer las garantías para la protesta pacífica, pero también toda la firmeza, la fortaleza y la contundencia de las fuerzas legítimas del Estado contra los violentos.

Pero con la misma beligerancia con la que se reclaman las garantías para los manifestantes pacíficos, con la misma claridad con la que se pide castigar los excesos de la fuerza –vengan de donde vengan–, se debe reclamar que se capturen, procesen y condenen a todos los violentos, los que siguen destruyendo, bloqueando las carreteras, agrediendo a los comerciantes, incendiando los vehículos del transporte público, saqueando negocios y establecimientos comerciales.

Por más validez que puedan tener los reclamos de los organizadores de la marcha y por más derecho a marchar que les asista, no encontramos justificación para someter al país a los peligros de una arremetida más caótica que la que se presenta actualmente a raíz de la presencia del mortífero virus del Covid-19.

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