Una vez más la mayoría de los colombianos, entran en pánico, no tanto por las jornadas de protesta programadas para el día de hoy en varias ciudades del país, por parte de las centrales obreras, en el marco del llamado paro nacional, sino por lo que representan estas convocatorias que hasta ahora siempre han desembocado en hechos de violencia y destrucción que nada tienen que ver con lo que establece nuestra Carta Magna en lo atinente al derecho que tenemos los colombianos a la protesta pacífica.
Como se recordará, el pasado lunes se desarrolló una reunión entre miembros del Gobierno Nacional encabezados por el Presidente Duque, representantes de las centrales obreras del país, representantes de la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica colombiana.
El objetivo de este encuentro fue el de escuchar las peticiones de los diferentes sectores que han venido convocado al paro nacional, desde el pasado 28 de abril, con el propósito de encontrar lo más pronto posible, a través del diálogo respetuoso del canon constitucional, una solución a la actual situación de orden público que enfrenta Colombia en los actuales momentos.
Hay que recordar que el pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro constaba de 8 puntos que fueron expuestos al Gobierno Nacional unos días antes del pasado 28 de abril, al respecto varios funcionarios del gabinete presidencial que participaron en el encuentro de ayer, han manifestado inconformismo debido a que el pliego de peticiones hoy consta de 104 puntos, circunstancia que nos hace colegir que a medida que pasen los días continuará aumentando la lista de peticiones que de acuerdo a como se sigan desarrollando los acontecimientos es posible que más adelante exijan la renuncia del Presidente Duque.
No hay que olvidar que así como los marchantes tienen derecho a protestar, quienes no protestan tienen derecho a llevar a cabo sus actividades cotidianas, sean estas de carácter familiar, laboral, empresarial, incluso en el caso de una emergencia médica, de vida o muerte como las que son usuales en Colombia por razones de la pandemia.
El derecho a la protesta, además, no puede compararse al precio de la destrucción de la propiedad privada de los demás, o de la pública, que pagamos todos. Y como en cualquier manifestación existe la posibilidad de que brote la violencia, las autoridades necesitan contar con herramientas para controlarla y repelerla, a través del uso proporcional y mesurado de la fuerza, cuando fuera necesario.
Es cierto, la protesta pacífica debe ser garantizada y protegida, tal como lo enseña el canon constitucional, sin embargo la diferencia entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y quienes la aprovechan para sembrar caos y violencia debe ser explícita y reiterada para que la ciudadanía entienda que los principales enemigos de la protesta pacífica son los mismos vándalos y no las autoridades que los deben enfrentar.
Lo que ocurre es que el vandalismo en las marchas no está surgiendo como un proceso espontáneo, aun cuando en otras épocas este fenómeno se había presentado de manera ocasional, las redes que vienen actuando en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otros centros urbanos obedecen –según informes de inteligencia– a estructuras predeterminadas entrenadas y financiadas que pacientemente aguardaban que se acabara el aislamiento social y se presentara un pretexto para desplegar su espiral de destrucción tal como se está observando.
Se espera que las marchas de hoy no sean tan destructivas como las anteriores.
