La Corte Constitucional convocó a una sesión técnica de seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que encontró acreditada la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de la niñez wayuu de La Guajira, causada por fallas estructurales y la desarticulación entre las diferentes autoridades nacionales y territoriales.

La sesión técnica se realizará de manera virtual el viernes 4 de junio de 2021, a partir de las ocho de la mañana, y será transmitida por todos los canales y redes sociales de la corporación judicial.

La sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, por lo que impartió una serie de órdenes a fin de implementar las medidas necesarias para superar la situación evidenciada.

Mediante el Auto 042 de 10 de febrero de 2021, la Sala Octava de Revisión decidió asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, luego de encontrar que a la fecha no existe un plan de acción ni un mecanismo de evaluación de las políticas públicas implementadas, así como tampoco existe un diálogo entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales con las autoridades del pueblo wayuu. Además, se dio a conocer la investigación llevada a cabo por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins titulado “Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte”, donde se mencionó que la pandemia y el aislamiento acentuaron el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

Por tal motivo, se ordenó realizar la sesión técnica, con el fin de conocer la situación de riesgo que afronta la niñez wayuu, así como identificar los obstáculos y bloqueos institucionales que han perpetuado el estado de cosas inconstitucional. La Corte puntualizó: “Ello, con la finalidad de impulsar respuestas oportunas (inmediatas) y eficaces (sustancialmente) a las situaciones o actuaciones que impiden avanzar significativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales, por ejemplo, a través de la articulación de las autoridades nacionales y territoriales en la formulación de la política pública”.

La sesión técnica iniciará con un acto simbólico de reconocimiento de los pueblos étnicos como sujetos de derechos.

A la sesión fueron citados la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Gobernador de La Guajira, los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, un representante de las autoridades de estos municipios, la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia.

El informe que presentarán esas entidades estará relacionado con las acciones que debían realizar para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y se desarrollará bajo dos ejes temáticos: el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas y el impacto de la pandemia por COVID-19 en los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la participación de la niñez wayuu.

La Corte también consideró necesaria la presencia del Fiscal General de la Nación, para que se pronuncie sobre uno de los objetivos mínimos constitucionales previstos en la sentencia T-302 de 2017 relacionado con la garantía de la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas. Los interesados podrán seguir la sesión técnica, de manera virtual, a través de Facebook Live como Corte Constitucional de Colombia y en la página web de la Corporación.

#DIARIOLALIBERTAD

D.A.

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