Con mensaje de urgencia se presentó la iniciativa ante el Congreso, Aunque no ha comenzado su trámite legislativo.
La reforma fue radicada desde el primer día de la actual legislatura, el proyecto de salud no a comenzado a avanzar en el Congreso, pero con la actual situación del país, en medio del para nacional se está hablando más fuerte del tema de curso de la iniciativa por el retiro de la reforma tributaria.
En el Diario LA LIBERTADA hemos hecho una investigación de la reforma a la salud y debemos hablar un poco más sobre esta iniciativa, que aunque no ha comenzado tramite, si ya está generando polémica en la sociedad colombiana y uno de los primeros que se atrevió a escribir sobre la misma fue Germán Vargas Lleras, el líder de Cambio Radical, quien le dedicó una de sus últimas columnas en el diario capitalino, asegurando que el exministerio de Hacienda, Carrasquilla, se le atravesó al proyecto de la salud, que es considerado clave por el Gobierno. en dicha misiva el mismo Vargas Lleras le sugirió al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que considerara su posible renuncia al gabinete por esta situación.
Los Congresistas Se conoce que los congresistas que serán ponentes de esta iniciativa son, entre otros, Fabián Castillo y Carlos Motoa, de Cambio Radical; Laura Fortich y Juan Echavarría, del Partido Liberal; Honorio Henríquez y Jairo Cristancho, del Centro Democrático y que se han recibido por lo menos unas 300 proposiciones desde todos los sectores y que ya fueron consignadas por medio de un informe y que se tiene programada una reunión para el próximo martes donde asistiría el ministro de Salud para discutir el posible futuro del proyecto.
Según el ministro Ruiz, en este proyecto de ley se han recogido sugerencias, anotaciones e intervenciones surgidas en audiencias de consulta en cada una de las instancias del sistema sanitario, además de varios componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización y la forma como se prestan los servicios; también se recogen los aprendizajes de la pandemia con el objeto de preparar al país bajo el concepto de una salubridad completa, asegurando la integridad de los servicios en salud en el presente y el futuro con las experiencias adquiridas en medio de esta pandemia.
El texto en borrador cuenta con 65 artículos distribuidos en 10 capítulos, que quedaron luego de ser analizados por expertos en salud y de una depuración exhaustiva, en la cual se habría eliminaron el tema de cambio de nombre de las EPS, el límite de gastos para administradores del aseguramiento y elementos de saneamiento financiero, entre otros.
Para tener en cuenta de la reforma
Este proyecto aborda una regionalización del sistema de salud fundada en interacciones comunes de tipo epidemiológico y demográfico que van más allá de las fronteras políticas administrativas actuales.
Es decir, lo que se plantea es crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas para cada territorio en común.
Ante las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, se establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Para esto, realizarán contratos con las entidades territoriales y las EAPB.
Por lo cual, todas las entidades tendrán que dar a conocer los diferentes resultados de su gestión del riesgo de forma obligatoria para la Superintendencia Nacional de Salud, ente que los vigilará.
Frente al modelo de atención en salud, la estrategia de atención primaria en salud se renovará con un enfoque de salud familiar y comunitaria y se prestará a través de redes integradas e integrales (conformadas por entidades públicas y privadas) que deberán constituirse, en un modelo, dice el proyecto, toda persona debe estar adscrita a un prestador primario que asignará un médico con enfoque de salud familiar y comunitaria altamente resolutivo, y en las zonas de baja densidad poblacional podrán desarrollarse modelos diferenciados que se ajusten a las necesidades.
Pare el manejo de la calidad, la reforma presentada dedica un capítulo específico en el que se define que el Gobierno tendrá que organizar un sistema de calidad en salud antes de un año y una política de protección integral a los usuarios, además de los estándares de habilitación y acreditación para todos los componentes del sistema.
Así, todos los actores en salud deberán utilizar plataformas interoperables para garantizar el aseguramiento, definir flujos de recursos, niveles de prestación de servicios, auditorías y evaluación de la calidad.
Por lo cual en esta estructura se tornan obligatorias la historia clínica y la facturación electrónica, así como las auditorías en línea.Algo novedoso que se presenta, es que plantea el borrador que el Ministerio de Salud podrá impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias (producción de vacunas, medicamentos e insumos) para lo cual se dispondrá del 5 por ciento de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS).
Además, se permitiría la posibilidad de realizar alianzas con privados para tal fin. Este escenario, que está contemplado en el capítulo de seguridad sanitaria y de emergencia, también se faculta al Ministerio para declarar emergencias por riesgos epidemiológicos, desabastecimientos o eventos catastróficos y podrá de manera autónoma, en esas condiciones, comprar medicamentos e insumos que incluso se encuentren en desarrollo en cualquier laboratorio y país.
Además, podrá emitir órdenes específicas a todos los actores del sistema en búsqueda del bienestar colectivo, para lo cual también podrá crear un fondo específico con recursos del presupuesto general de la Nación.
Con respecto a la salud pública, se deberán consolidar planes decenales específicos para cada región creados con indicadores puntuales de cumplimiento.
En el aseguramiento se redefinen obligaciones para los aseguradores, se equiparan los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes contributivo y subsidiado en un periodo no mayor a dos años y en año y medio se tendrán que fijar las fuentes de financiación para las patologías de alto costo y de baja frecuencia, así como la definición absoluta de los servicios que se pagarán con cargo a la UPC, que a su vez tendrá un componente fijo y uno variable definido por incentivos de acuerdo con el rendimiento, para así poder garantizar la continuidad de los servicios en el proyecto se plantea la creación del Fondo de Garantías en Salud para contrarrestar la insolvencia de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).
Finalmente, también este contempla unos nuevos mecanismos de forma de pago y contratación y el fortalecimiento de una política a favor del talento humano en salud que prohíbe la tercerización y se promueve la formación de especialistas de acuerdo con las necesidades de los nuevos modelos de prestación. Y la base mínima de cotización para pertenecer al régimen contributivo será un salario mínimo y se vigilará de manera exhaustiva a los conglomerados empresariales que tengan alguna actividad o hagan parte del sistema.
Se ven venir varias criticas al proyecto
Una de las mas sonadas es la de Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), quien asegura que el proyecto de reforma a la salud no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y manifiesta que del texto actual se destacan la creación del fondo de garantías, la definición de los conglomerados empresariales en salud y un régimen de insolvencia, así como las competencias de la Superintendencia de Industria para hacer el apoyo a la Supersalud, en dicha oposición también afirma que el proyecto no cambia el papel de las EPS, no crea nuevas fuentes de financiación ni modifica los presupuestos, por lo que desde el gremio hospitalario insisten en que el sistema de salud requiere una reforma y no solo ajustes.
Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio de las EPS del contributivo, considera que la presentación de la reforma es en un momento inoportuno, porque lo que hace es distraer a los actores en un momento clave de pandemia; a su vez, que lo ve innecesario, porque algunos puntos positivos del articulado, como el modelo de atención, no requieren de una ley; e inconveniente, porque la extensión de competencias a la Supersalud sobre inversionistas que no son actores del sistema conglomerados desincentiva la llegada de capitales al sector.
Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, sostiene que este proyecto desde su origen tiene muchos vicios de trámite ya están evidenciados en las diferentes audiencias y además que algunos aspectos en realidad lo que hacen es atentar contra la Constitución al abrir un boquete para la privatización de los recursos de la salud, legalmente públicos. en su referencia la reforma no resuelve nada de los problemas de salud y retoma elementos de otras leyes que solo bastarían reglamentarse.
Corcho considera grave que se incluya un capítulo que toma decisiones de la emergencia sanitaria y las vuelve permanentes, violando el principio de unidad de materia, e incluso le da funciones de policía al Ministerio de Salud respecto al tema de confinamientos y cuarentenas, lo que atentaría contra las libertades ciudadanas.
En síntesis, considera que es un entuerto que debe archivarse.Julio Castellanos, director del Hospital San Ignacio, afirmó que este nuevo proyecto se suma a otros que han intentado modificar la Ley 100, lo que se traduce en mayor confusión para un sistema que necesita una reforma de fondo y no una lista de artículos parciales o totalmente modificados de la ley original, ya que las regiones deberían pedir a las autoridades retirar de sus jurisdicciones aseguradoras que no tengan redes adecuadas y enfatiza en la necesidad de reglamentar las juntas médicas como el ente máximo para resolver discrepancias terapéuticas.
Por su parte, Denis Silva, quien es vocero de Pacientes Colombia, califica este proyecto como innecesario, pues, a su juicio, no cumple con la Ley Estatutaria ni con las sentencias C-313 y no resuelve los problemas de salud del país.
Finalmente, Carlos Dáguer, director del Comité de Aseguramiento en Salud de la Andi, valora que la iniciativa parlamentaria reconozca los avances de la salud derivados del modelo de aseguramiento y considera que con la figura del médico familiar será posible mejorar la prevención.
Sin embargo, en los contras, aseguró que “no es conveniente la creación de un fondo de garantías financiado por las propias EPS. Los recursos del sector son limitados. Esa figura no solo generaría un oneroso gasto adicional, sino que castigaría a aquellas empresas que honran sus compromisos y cumplen con los requisitos financieros”.
