Tras hechos violentos en distintas zonas del país
Para el día de ayer estaba agendada la reunión entre el gobierno nacional y los miembros de la denominada Coalición de la Esperanza, que tenía como objetivo lograr consensos de cara a la construcción de un nuevo proyecto que permita superar la crisis social y económica que vive el país. Sin embargo, los miembros de la coalición política decidieron no asistir a la reunión, como forma de rechazo a los múltiples hechos violentos que ocurrieron en distintas zonas de Colombia, en el marco de las manifestaciones.
“Ante los numerosos actos violentos de anoche, por completo ilegales, de no pocos miembros de la Fuerza Pública en contra de colombianos inermes, decidimos cancelar la reunión acordada, como manera de resaltar nuestro total desacuerdo con la forma como usted y su gobierno vienen respondiendo a los justos reclamos de una ciudadanía que con toda la razón lucha por mejorar sus pésimas condiciones de existencia”, detallaron a través de una carta enviada al Jefe de Estado, en la que además dejaron constancia de su rechazo a los actos de “quienes aprovechándose de las movilizaciones democráticas, les provocan daños a los bienes públicos y privados y agreden a los servidores públicos”, concluyendo así, que esperan se creen condiciones para adelantar diálogos provechosos para todos los colombianos y colombianas.
Cabe mencionar que antes de ello, la coalición de la que hacen parte Humberto De la Calle, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, Jorge Londoño, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, le había expuesto al mandatario los puntos que considera deben ser tenidos en cuenta en el marco de la construcción de un proyecto que permita hacerle frente a la crisis que enfrentan gran parte de las familias colombianas.
“Es importante que frente a las movilizaciones ciudadanas, así sea de manera tardía, el gobierno haya decidido retirar la reforma tributaria y convocado un diálogo político y social para identificar en consenso los pasos a seguir. El diálogo no puede limitarse a las fuerzas políticas y tiene que escuchar las justas quejas de la gente, convocando a todas las fuerzas sociales y a los representantes de las movilizaciones, incluido el Comité Nacional del Paro, la Minga Indígena y voceros de los jóvenes, sin sustituir la responsabilidad del gobierno en la actual coyuntura. La Coalición de la Esperanza quiere, sin abandonar su oposición al actual gobierno, actuar constructivamente por el bien del país en estas difíciles circunstancias”, consignaron en un primer apartado de la misiva.
Así mismo, expusieron que lo primordial en la actualidad “es poner en marcha un contundente y agresivo Plan de Emergencia Social que debe surgir de ese amplio diálogo social y que incluya como mínimo una Renta Básica de Emergencia, la extensión y ampliación del PAEF, matrícula cero en las universidades públicas, entre otras medidas para enfrentar la pobreza que llega a niveles de hace una década. Señor presidente, este plan debe proteger y mejorar los programas sociales. Ninguna razón fiscal se puede aducir para no extenderlos. Hay que atender primero la situación social y luego la situación fiscal, con una señal a los mercados de la intención de garantizar en el futuro la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Frente al tema del ajuste fiscal, manifestaron que es urgente que el gobierno desmonte las gabelas que le dio al sector empresarial en la reforma tributaria de 2019, “que explican la caída de los ingresos fiscales en más de un punto porcentual del PIB en 2020. Según la Andi esto le daría al gobierno recursos por $15.4 billones, así: devolución del ICA: $5.2 billones; aplazar reducción de tarifa de renta a empresas: $6,2 billones; impuesto al patrimonio: $1 billones e IVA a consumo de lujo, control al gasto y la evasión: $3 billones”. Señalaron además que hay otros dos beneficios creados en la misma reforma, que darían un recaudo adicional de $7.5 billones: aplazar devolución del IVA por compra de bienes de capital: $6 billones y eliminar los tres días sin IVA: $1.5 billones, detallaron.
“Es urgente también que el gobierno muestre austeridad en el gasto público sin relación con la pandemia, que aumentó en 2020 2,6% del PIB (mientras que el gasto asociado con la pandemia solo aumentó 1,7% del PIB), y que pretendía aumentar más. En primer lugar, se debe suspender de inmediato la compra de aviones militares por más de 14 billones de pesos, que resulta inaudita en la actual coyuntura social y fiscal. Se debe revisar el enorme aumento en los gastos de inversión previsto para este año (66%), pues no es claro en qué se van a gastar $34 billones en un año electoral. Es indispensable que el gobierno muestre austeridad en el gasto como vía para ajustar el déficit fiscal. Los hechos han demostrado que el ajuste fiscal hoy debe basarse más en el recorte del gasto que en el aumento de los ingresos”, explicaron en el documento enviado al presidente Duque.
Finalmente, pusieron de presente que la propuesta alternativa tiene tres ventajas importantes:
a. Son impuestos que no afectan el consumo ni van a disminuir la inversión privada, de manera que no tienen efecto recesivo.
b. Desde el punto de vista de trámite, serían solo tres o cuatro artículos, de manera que el debate en el Congreso sería rápido.
c. Ninguna de estas medidas afectaría a los más pobres y a la clase media.
