El proyecto denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, que recientemente presentó el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha desatado una ola de comentarios divididos en todo el país, desde que fue radicado en el Congreso de la República, para su respectiva discusión.
La iniciativa con la que el gobierno del presidente Iván Duque pretende recoger más de 27 billones de pesos, ha generado un rechazo colectivo por parte de distintos sectores sociales y políticos del país, al considerar que el proyecto contempla cambios abruptos en materia tributaria para la clase media y trabajadora de Colombia.
La controversial iniciativa, que argumenta su ejecución en la necesidad de extender la permanencia de los diferentes programas sociales para ayudar a los menos favorecidos, ha sido tildada de inoportuna por incluir puntos como el que contempla que desde el 2022 toda persona natural que gane más de $2.400.000 estaría obligada a declarar renta, lo mismo que pasaría con quienes en el 2023 ganen más de $1.600.000. Así mismo, por incluir puntos como el que pretende aplicar un IVA del 19% a los servicios públicos en los estratos 4, 5 y 6. Y que ademas abriría la posibilidad de que se puedan implementar peajes en las zonas urbanas y vías terciarias del país.
Frente a la discusión, los diferentes partidos políticos no han sido ajenos, estos en su gran mayoría han manifestado que no apoyarán al gobierno con el proyecto, al mismo tiempo en el que algunos han propuesto la exclusión de distintos puntos y planteado contrarreformas, que no afecten el bolsillo de los nacionales. A continuación algunas de las más recientes reacciones por parte de las colectividades.
Centro Democrático
El partido Centro Democrático, a través de un comunicado a la opinión pública, presentó una propuesta para contribuir al consenso de los partidos y del gobierno. De acuerdo con la colectividad, se hacen necesarios “impuestos transitorios aproximados por $12 billones sin afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva”. Dentro de lo expuesto por el Centro Democrático: “Se pide al Banco de la República 5 billones de anticipo de utilidades. Estos recursos se manejarán en cuenta especial con destino a superar el problema social y de empleo de la pandemia”.
Frente al uso de recursos, propusieron: “Ingreso Solidario para 5 millones de familias; extender subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolución del IVA a 4 millones de familias y universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3”.
Otro de los puntos a los que hicieron referencia, es a la austeridad del gasto y a una reforma administrativa con ahorros de 1 billón durante los primeros 2 años y permanente de $15 billones. En ese sentido, señalaron como fuentes de recursos: “sobre tasa transitoria de tres años del 10% a 12% para las personas naturales que hoy tributan con ingresos anuales de 64 millones o más, con un recaudo estimado de $2 billones; mantener impuesto al patrimonio de 1% a los superiores a 5.000 millones, como se encuentra vigente, por tres años adicionales, con un recaudo estimado de 1 billón; dividendos, se conserva el tributo actual a residentes con una sobre tasa adicional por 3 años, con un recaudo por estimar”.
En esa misma línea, propusieron congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años, luego de los cuales, será de 30%, con un recaudo estimado de 3 billones. Además, conservar el descuento de industria y comercio a la renta empresarial en 50%, por tres años, con un recaudo estimado de 5 billones. Sumado a ello, extender a todo el sector financiero la sobre tasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos, con un recaudo por estimar. Así mismo, plantearon un impuesto solidario del 10% para ingresos mayores de 20 millones en 2021, que funcione como retención en la fuente, entre otros puntos.
Partido de la U
Dilian Francisca Toro Torres, presidenta del Partido de la U, por su parte, señaló que la colectividad no votará la reforma tributaria y propuso una contrarreforma. “Ante el clamor nacional y popular, el partido de la U ha venido insistiendo en que no votará la reforma tributaria por los siguientes motivos: grava los asalariados y elimina derechos como las deducciones por ahorro para vivienda y auxilio por número de hijos; grava a los pensionados e incrementa la tributación a la clase media; grava con IVA a los servicios públicos domiciliarios; grava con IVA a computadores personales y dispositivos móviles de bajo costo; grava con IVA a la gasolina, incrementando los costos del transporte público y de carga; grava los insumos para la producción de bienes de la canasta familiar (pasa de exentos a excluidos) generando un aumento en productos como la carne, los huevos y el pollo; afecta la construcción de vivienda de interés social por la eliminación de la devolución del IVA; elimina beneficios para la producción de energías limpias y grava el sector cultural y de entretenimiento que ha sido uno de los más afectados por la pandemia”.
Por ello, propuso en el marco de la discusión, “elaborar una contrarreforma, que no traiga consigo cargas injustas para los ciudadanos, que tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los programas sociales con alternativas que no hagan más onerosa la, ya muy difícil, realidad de los colombianos”, agregando que, “para construir la contrarreforma los invito a que hagamos un acuerdo entre todos los sectores, una tregua política, un gran pacto nacional, que tenga como objetivo la salvaguarda de los intereses superiores de los ciudadanos en medio de la más dura crisis económica y social de nuestra generación”, concluyó Toro Torres.
Alianza Verde
Por su parte, el partido Alianza Verde, indicó: “El partido es plenamente consciente de las enormes dificultades que afrontamos por cuenta de la pandemia. Sabemos que muchos de nuestros asuntos estructurales no resueltos se han agravado por cuenta de la más grave tragedia sanitaria que hayamos vivido como especie en los últimos 100 años. Que las políticas y decisiones públicas que adoptemos para enfrentar estas excepcionales circunstancias pueden agravar nuestras condiciones de vida y conducirnos a sin salidas institucionales y sociales”.
Según la colectividad, este es un momento para decisiones inteligentes, audaces y comprometidas con los derechos de todas y todos los ciudadanos. Por ello, decidieron comunicarle al país lo siguiente”: “le diremos no al proyecto de reforma tributaria denominado simuladamente por el gobierno del presidente Iván Duque de “Solidaridad Sostenible” que pretende resolver de una manera equivocada las urgencias fiscales del Estado descargando la financiación de los programas sociales y las apremiantes necesidades de los ciudadanos solamente en las clases medias y los trabajadores, mientras deja intactas exenciones y privilegios y promueve gastos innecesarios e inconvenientes en distintas instancias del Estado.
A cambio, los Verdes presentaremos una propuesta alternativa que resuelva en el corto y mediano plazo la sostenibilidad fiscal del gobierno central y de los entes territoriales de manera equitativa, eficiente y progresiva como lo ordena la Constitución Nacional”, en esa misma linea, precisaron, ”los Verdes no nos prestamos ni aceptamos negociaciones y componendas oscuras sin ningún control público y ciudadano”.
Colombia Justa Libres
Otro de los partidos que se pronunció recientemente, fue el partido Colombia Justa Libres, señalando: “Con preocupación se encuentra en esta reforma una iniciativa regresiva que, desbordando el gasto gubernamental, equivocadamente eleva la carga tributaria provocando una baja del consumo como consecuencia del encarecimiento en producción, comercialización y uso de bienes y servicios. En lugar de propender por la reactivación económica, esto puede conllevar a que nuestra economía se continúe contrayendo y acabe con el empleo. Todo impuesto confiscatorio como el “temporal” y solidario a los ingresos altos, el IVA, o el de renta, asfixian la actividad económica, limitan las transacciones, y generan mayor informalidad y evasión”.
Por ello, indicaron “no aprobaremos ningún impuesto sobre las pensiones, pues son un derecho adquirido por el ciudadano quien ya no se encuentra en edad de empleabilidad, sino en etapa de recibir los ahorros por los cuales ya cotizo y tributó. Por esta razón, el proyecto tiene un corte fiscalista con el que se pretende cuadrar la caja de un Estado ineficiente, con el bolsillo de las familias acabando con su ahorro, la capacidad de consumo, las empresas, y la inversión”.
En ese sentido, concluyeron por unanimidad, “no acompañar el Proyecto de Ley 439/21S – 594/21C “Ley de solidaridad sostenible” y proponer el diseño de un gran Plan de Sostenibilidad en Colombia, donde prime la adopción de un marco tributario nacional conformado con tarifas sencillas, bajas y justas, acompañadas de una lucha contra la evasión, elusión, el contrabando y la corrupción en la contratación pública, y de esta manera reactivar la demanda agregada, la generación de empleo, y en general el impulso del crecimiento y desarrollo económico. La reorganización del Estado y su reestructuración no dan espera”, concluyeron.
