Brecha educativa: Otra advertencia del año pasado en que no nos quisieron escuchar

Por: Alberto Ortiz Saldarriaga

El pasado 1 de abril a través de la página web del medio independiente telatiroplena.com se publicaron parcialmente apartes del análisis de resultados de las pruebas Saber 11 (2020) efectuado por el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. En dicho estudio se concluye, como declaró el Dr. Jorge Valencia Cobo este martes en Emisora Atlántico al periodista Jorge Cura Amar, que la pandemia y la desigualdad en el acceso a tecnología y conectividad, acrecentaron la denominada brecha educativa.

Los resultados de los colegios privados en el año anterior fueron superiores en 4 puntos a los de 2019, a la par que el puntaje del sector oficial descendió de 231 a 230 puntos, lo que acrecentó las distancias entre las escuelas del sector privado y público de la región pasando de 37 a 42 puntos. Mientras la media nacional en Saber 11 estuvo en 252 puntos, nosotros nos ubicamos 23 puntos por debajo (229)

En tal distanciamiento o acrecentamiento de la brecha educativa, dice el informe, “sin duda, los colegios privados estaban mejor preparados para… la suspensión de las clases presenciales. La conectividad… y el acompañamiento familiar son… variables que explicarían los resultados…» en un panorama en el que Barranquilla fue la ciudad del caribe, con la mayor caída del puntaje en el sector oficial, desplazándola del tercer al cuarto lugar, en su posición relativa entre las ciudades capitales del caribe.

Ello pone necesariamente el acento en unas advertencias y unas recomendaciones que precisamente para la capital del Atlántico hicimos tempranamente desde el Colectivo Magisterial Acción Ética Docente cuando apenas si comenzaban a vislumbrarse los alcances y efectos de la pandemia; observaciones que inexplicablemente fueron desdeñadas e invisibilizadas tanto por las autoridades como por la mayoría de medios a través de los cuales se intentó hacerlas parte de la agenda y de la determinación de acciones desde la política pública.

Hoy cuando por fin y gracias a la Universidad del Norte se empieza a decir que la implementación de la alternancia requiere previamente de la inyección de recursos para la adecuación de la infraestructura escolar y, además, de la inversión decidida en equipos y conectividad para docentes y estudiantes se le da la razón a los educadores y cobra más sentido, pertinencia y relevancia que nunca las voces ignoradas.

Precisamente el día 1 de mayo de 2020, mediante carta abierta al Alcalde Distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, desde Acción Ética Docente ya se le advertía al mandatario que: «la desigualdad social y la brecha digital han conspirado durante estas dos primeras semanas en la concreción de un objetivo tan necesario (como el de la educación) develando la existencia de diferencias sociales abismales y con ello de una diferenciación inadmisible… en la garantía de universalidad, calidad y calidez de los derechos y las oportunidades a los ciudadanos del futuro.»

En la misma carta, los docentes hicimos entre otras las siguientes recomendaciones y propuestas:

«3… sugerimos… que, aprovechando lo avanzado por la ciudad en materia de instalación de zonas WIFI gratuitas en los parques (1), las excelentes relaciones (2) y el amplio conocimiento sobre el tema educación (3) de la nueva ministra de las TICs, Dra. Karen Abudinen Abuchaibe, se hagan los esfuerzos técnicos y presupuestales necesarios para convertir a Barranquilla en «Territorio Pionero Conectado y Educado”.

Ello significaría… garantizar la extensión de la experiencia de conectividad gratuita llevada a cabo en espacios reducidos, a las localidades y barrios donde se encuentra focalizada la población estudiantil… del Distrito y de la Universidad del Atlántico, en situación de riesgo, vulnerabilidad y pobreza, sectores estos a los que la ley define otorgar y tratar con prevalencia al señalar: «Los… distritos… darán prioridad a la inversión que beneficie a los estratos más pobres…» (Artículo 28 ley 715 de 2001).

4. También, y en relación con lo anterior, consideramos que se hace necesario avanzar en la dotación cofinanciada de equipos y herramientas tecnológicas para la población arriba aludida de estudiantes, tanto como para los docentes, así como en el proceso de flexibilización de requisitos, financiación y montaje de emisoras escolares… visionando su utilidad frente a crisis como la que hoy vive la sociedad…»

Poco antes, en abril 21 de 2020, desde el mismo Colectivo Magisterial, ya se identificaba que había «una necesidad… (en) un país con una conectividad limitada… que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho…», además de recalcar, que la «única opción, por lo pronto, es (una) educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes… mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes».

No quedándonos solo en la formulación de propuestas, sino en proporcionar fórmulas para su financiación y materialización señalábamos:

«… esta propuesta encuentra… un… inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución… es… aplicar a las empresas… que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes… de… los estratos 1, 2 y 3… El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.

Argumentábamos además:

«si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético”. (Artículo 75 Constitucional).

¿Te gustó esta nota? ¡Síguenos en Redes Sociales!    

Comenta aquí: