La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación, de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, la solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, como era de esperarse generó una ola de reacciones por parte de diferentes sectores políticos y personajes del país.
Una de las primeras personas en reaccionar, fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien a través de su cuenta de Twitter dijo: “No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas».
El trino de la alcaldesa López no fue bien recibido por los miembros del partido Centro Democrático, del que Uribe Vélez es jefe natural, pues consideraron que era incorrecto que la mandataria hiciera parte del debate que se había generado entorno a la decisión. Una de las primeras personas en referirse al mensaje de López, fue la representante a la Cámara por el Meta, Jennifer Arias, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló: “Es absurdo que una alcaldesa, que debería estar preocupada por la seguridad de Bogotá y todo el proceso de vacunación, esté es pendiente de hacer política. Es supremamente grave. Esperamos que la Procuraduría lo revise perentoriamente”.
La parlamentaria, tomó como base el numeral 39 del artículo 48, Código Disciplinario Único, que consigna: “Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en las Constitución y la ley”.
De acuerdo con lo dicho por el ente acusador, luego de la valoración integral de todos los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, por lo que no se le puede atribuir como autor o partícipe.
“La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se realizó en el marco del ordenamiento jurídico. De igual manera, se actuó en cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia: “Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”, indicó la Fiscalía.
Cabe mencionar, que el día viernes, horas después de que se conociera la petición del ente acusador, se hizo público, que Carmen Helena Ortiz, jueza 28 de conocimiento, había sido designada para llevar el proceso de las audiencias futuras en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por esta razón, será Ortiz, la encargada de citar a las partes involucradas y decidir si la investigación es o no precluida.
