*La ONG dice que hay graves deficiencias en la protección de líderes sociales.
Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, señaló Human Rights Watch en un informe presentado este miércoles.
El informe de 136 páginas, “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del Presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas ubicadas en 20 de los 32 departamentos de Colombia, incluidas autoridades judiciales, fiscales, funcionarios públicos, funcionarios de derechos humanos, miembros de organizaciones humanitarias, defensores de derechos humanos y policías. Human Rights Watch también consultó información y estadísticas proporcionadas por múltiples organismos gubernamentales y ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y el Consejo Superior de la Judicatura.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde la desmovilización de las FARC como parte del acuerdo de paz de 2016. Otros grupos armados, incluyendo varios que surgieron de las FARC y que son conocidos como “disidencias”, han llenado ese vacío y actualmente se disputan el control de los territorios, desarrollan actividades ilegales y cometen ataques contra civiles. Human Rights Watch documentó las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas más afectadas del país.
La Oficina del ACNUDH ha documentado un número creciente de estos asesinatos, que pasaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. La oficina ha documentado 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento, y sigue trabajando en la verificación de otros 80 casos. Al menos 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016.
La Defensoría del Pueblo, un órgano que debe ser independiente del poder ejecutivo, reportó un aumento en la cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2019 y 2020.
A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas orientadas a prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos y proteger sus derechos, señaló Human Rights Watch. Estas políticas deben tener en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que pueden influir en los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos en el país. Las autoridades también deben aumentar considerablemente la capacidad de la rama judicial y de la Fiscalía para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos asesinatos.
“A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aún más indefensas”, destacó Vivanco.
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