Daniel González

Por: Daniel González Monery

La pandemia generada por el coronavirus volvió a amenazar el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes. En Colombia y el mundo tuvieron que cerrarse las aulas presenciales y pasar a modalidades en casas, pero sucede que el 66% de los estudiantes de colegios públicos en el país no tienen ni computador ni conectividad. Así mismo, Colombia es de los pocos países que no reparte textos escolares en sus colegios oficiales. A esos niños se les está violando el derecho a estudiar y es necesario que el gobierno nacional tome medidas para restablecerlo. Según cifras del Ministerio de Educación, le han entregado computadores apenas al 1% de los niños que no lo tenían. El gobierno, como siempre, no ha cumplido su compromiso ético y constitucional con los niños y los jóvenes. Es por eso que un grupo de importantes y refutados académicos en el país se han movilizado en redes sociales solicitando la apertura de los colegios oficiales de manera inmediata.

Es cierto que la educación presencial tiene múltiples ventajas y que hay que hacer lo posible por retornar lo más pronto posible a clases presenciales. Sin embargo, las condiciones epidemiológicas de las principales ciudades obligan a ser más cautos y esperar algunas semanas. Ojalá pocas. Sin duda, estamos ante un problema de enorme importancia que exige que todos actuemos de la manera más responsable. No hay duda, los maestros que creen que hay que esperar las vacunas no están teniendo en cuenta el derecho de los niños a la vida y a la educación y esa postura debe ser abiertamente rechazada. También la de las agremiaciones de maestros que piden soluciones nacionales a un tema que debe resolverse teniendo en cuenta contextos regionales y locales. Por eso, me permito formular algunas ideas para defender el derecho a la educación que, una vez más, vuelve a estar amenazado. La idea central es que debemos garantizar seguridad, gradualidad y un retorno progresivo a la presencialidad.

Primero. Es prioritario tener las escuelas abiertas de manera presencial en los municipios y localidades en los que no hay virus o en los que el número de contagios ha sido y es bajo hasta la fecha. ¡Nadie puede defender que se les viole el derecho a la educación a esos niños y jóvenes porque el derecho de ellos prevalece sobre todos los demás! Sumapaz, por ejemplo, tan solo tuvo, en 2020, 15 casos activos de Covid. Nadie puede explicar por qué entonces los 749 estudiantes de la localidad no van a clases presenciales, sabiendo al mismo tiempo que el 90% de ellos no tienen conectividad. Existen cientos de regiones como Sumapaz en el país. No debemos olvidar que Colombia es un país de regiones y que las soluciones necesariamente deben darse a nivel regional y también local.

Segundo. Los primeros niños que deben retornar, si o si, de manera presencial son los de preescolar y primaria. Por ningún motivo la sociedad puede permitir que se queden solos en la casa y en pocos casos cuentan con padres que los puedan orientar de manera permanente y pertinente. Los niños de estas edades no tienen el nivel de lectura ni la autonomía suficiente para continuar su proceso educativo sin el acompañamiento de un adulto. Así mismo, los estudios indican que la permanencia de los niños más pequeños en casa ha aumentado de manera grave la depresión, la violencia y el maltrato hacia los menores. Al fin de cuentas vivimos en una sociedad en la que el autoritarismo se impune y es muy frecuente. Vivir un confinamiento con un padre autoritario es una desgracia para un niño. Por el contrario, las escuelas son lugares de protección, cuidado, y a veces de amor, para los menores.

Tercero. Necesitamos que la mayoría de los niños vayan todos los días a las escuelas para que socialicen, hagan preguntas, exploren el mundo y, sobre todo, para que aprendan a conocerse a sí mismos y a los otros. Pero como es claro que en los colegios ya no pueden estar todos los estudiantes al mismo tiempo, porque sería imposible el distanciamiento social, debemos exigirle al Estado que invierta, sobre todo, en conectividad. En las circunstancias que vivimos, la conectividad es parte esencial del derecho a la educación. El gobierno nacional insiste en la alternancia, pero se le olvida un pequeño detalle: sin conectividad, la alternancia no es viable, más bien utópica. Si en verdad la sociedad quiere restablecer el derecho a la educación, necesitamos que el congreso apruebe el proyecto de ley presentado por parlamentarios de diversas corrientes para garantizar conectividad para todos los jóvenes de estratos 1 y 2 que estén cursando el bachillerato y que todavía no tengan acceso al ciberespacio.

Cuarto. Los estudios científicos evidencian que las tasas de contagio y de transmisión del virus son muy bajas en menores de 12 años. Aun así, también se contagian y mueren. Eso tampoco se puede olvidar. Lo que sabemos es que el riesgo disminuye sensiblemente si se establece distanciamiento y se cumplen las condiciones de bioseguridad. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, además de otras organizaciones como Unicef, invitan a los países a tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el retorno de los menores lo más pronto posible a las clases presenciales. Quinto. Un joven sin internet y con educación de baja calidad tiene muy alto riesgo de desertar del colegio. Eso sería lamentable para su desarrollo pues todo indica que la deserción escolar promueve el embarazo juvenil, recrudece la violencia y la delincuencia, aumenta la inestabilidad emocional, produce la frustración de miles de sueños y, en los casos más graves, hasta el suicidio. Todos sabemos que la deserción agrava las inequidades porque los primeros que abandonan los colegios son los estudiantes de condiciones socioeconómicas más vulnerables, en especial quienes pertenecen a los estratos 1 y 2.

Los niños necesitan sus colegios abiertos de manera presencial para restablecer su derecho a la educación y sus interacciones. ¡Ojalá en pocas semanas! Por eso, al mismo tiempo que me sumo a la iniciativa que busca el retorno a la presencialidad para los niños y jóvenes cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan, también me sumo a la iniciativa de quienes exigen internet para los estudiantes de bachillerato y a quienes exigen que se garanticen las mínimas y perentorias condiciones de bioseguridad en todos los colegios públicos y privados del país: agua, jabón, mascarilla y adecuaciones locativas que garanticen, fundamentalmente, una buena ventilación. La responsabilidad es de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte: los maestros, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los congresistas, los concejales, los alcaldes, los gobernadores y los padres y madres. Un acuerdo en defensa de la vida y los derechos de los niños, niñas y jóvenes, debería ser una excelente ocasión para unirnos como sociedad. ¿No les parece?

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