Para el próximo 24 de abril están programadas las elecciones para dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, y en Santa Marta se ha generado una polémica por el accionar de funcionarios de la Administración Distrital con respecto a la postulación para dichos comicios.
Según algunos líderes sociales de tradición en estos procesos electorales, los integrantes del gabinete que lidera la Alcaldesa Virna Johnson, estarían acudiendo a los barrios con el propósito direccionar a líderes afines con el movimiento político que gobierna en la ciudad, a que formen planchas que representen a dicho movimiento.
Las intenciones de los funcionarios públicos en mención se pudieron conocer en un audio que circula en redes sociales, en el que uno de ellos le expone la idea a una lideresa social allegada a la alcaldía de Santa Marta.
“Estamos recorriendo todas las Juntas de Acción Comunal, especialmente en los barrios donde tenemos gente amiga», se escucha en uno de os audios donde ademas dice,» para que se afilien a las juntas y postulen sus nombres para las elecciones de dignatarios del 24 de abril”.
Ante esto, el Concepto 80781 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública, en su artículo 8 ‘Organismos de acción comunal’ señala que: Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (…)De conformidad con la norma en cita, las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas, sin ánimo de lucro, encaminadas al desarrollo comunitario. Ello quiere decir, que no pertenecen al sector central o descentralizado del municipio y sus integrantes no son empleados públicos.
Aurelio Rosales Durán, gestor social de El Rodadero, es uno de los principales opositores a esta práctica que vienen desarrollando estos funcionarios.
“El proceso comunal tiene un principio de autonomía, de independencia, y la ley le pone una posición a los gobernantes para que operen como inspectores y vigilantes, con el propósito velar que se cumplan las leyes. La normativa le prohíbe a los funcionarios públicos tener algún tipo de injerencia en las decisiones que se tomen al interior de una Junta de Acción Comunal”, señaló.
El líder de El Rodadero, señaló que los miembros de la alcaldía de Santa Marta se amparan en figuras legalmente constituidas como el comité barrial, para camuflar sus intenciones de intervenciones comunales.
“Desafortunadamente en Santa Marta encontraron una manera, para mí ilegal, de crear asociaciones para tener injerencia en los asuntos internos comunales, en una manifestación de abuso de poder. Es por eso que se presenta esta situación actual, en la que cuatro funcionarios de la Alcaldía dirigieron una reunión teniendo injerencia sobre los temas internos de una acción comunal”, agregó.
Rosales Durán fue más allá y denunció el accionar de mandatarios locales con pruebas, ante los organismos de control. “Ya tenemos información de visitas que está haciendo el Alcalde de la localidad 3 en los barrios, bajo el pretexto de conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad, pero en realidad inicia el proceso de apoyo al candidato que comparte su ideología política, para ir ganando fuerza de cara a la jornada electoral del 24 de abril. Nosotros ya denunciamos con pruebas contundentes ante la Procuraduría General de La Nación”.
Hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento de la Administración Distrital, respecto a estas denuncias.
D.A.
