Con la resolución número 001214, emanada por la Supersalud que ordena la “Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, los funcionarios de la EPS se encuentran a las puertas de una masacre laboral.
Por GERMAN AGÁMEZ
Trabajadores de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó han denunciado que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, decidió intervenir esta entidad, sin tener motivos suficientes para tal acción.
La intervención se realizó el pasado 9 de febrero y debido a ello, unos 700 trabajadores, que incluyen personal administrativo, grupo operativo y profesionales de la salud, están a punto de quedar sin empleo, ante las medidas apresuradas y arbitrarias del ministerio y la Supersalud. Teniendo en cuenta lo anterior, más de 2800 personas quedarían desamparadas una vez culmine el proceso de intervención que en este momento adelanta el gobierno.
Según lo manifestado por una las trabajadoras de Barrios Unidos, esta EPS del régimen subsidiado venía funcionando normalmente, atendiendo a sus afiliados y cumpliendo con sus funciones. “No era la mejor de las EPS del país, pero tampoco era la peor. Teníamos algunas fallas como todas las EPS, sobre todo en esta época de pandemia, pero veníamos atendiendo a nuestros usuarios, sin embargo, el ministerio de Salud decidió intervenirnos y ahora, una gran cantidad de pacientes quedarán en el limbo, esperando ser reasignados a otras EPS, lo cual generará toda clase de inconvenientes y traumatismos en la atención en salud de esas personas”, sostuvo esta funcionaria que pidió no ser identificada.
Por otra parte, argumentó otro de los trabajadores que, “lo que se hizo con Barrios Unidos fue una toma de posesión y liquidación forzosa de la empresa”, sin justificación alguna. Además, la Supersalud le entregó la responsabilidad de la liquidación al señor Luis Carlos Ochoa, conocido por ser, en su momento, el liquidador de le EPS Emdisalud y quien ha sido cuestionado por sus actuaciones como funcionario público.
Debido a esta situación, un nutrido grupo de trabajadores de Barrios Unidos, decidieron protestar por la intervención de la EPS, realizando un plantón en las 7 ciudades y municipios donde esta entidad tiene sede. En Barranquilla el plantón se desarrolló en las afueras de las oficinas de la Superintendencia de Salud, ubicadas en la zona norte de esta ciudad.
Comunicado de Barrios Unidos
Dirigentes de la EPS Barrios Unidos de Quibdó ha enviado algunos medios de comunicación, un comunicado en el que denuncian las acciones tomadas por el gobierno en contra de esta empresa, el cual reproducimos en su totalidad a continuación:
AMBUQ negociada por el Supersalud
Con la resolución número 001214, emanada por la Supersalud que ordena la “Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó-AMBUQ EPS –S-ESS, identificada con NIT 818000140-0”, los funcionarios de la EPS se encuentran a las puertas de una masacre laboral.
En un limbo acompañado de un silencio cómplice, los empleados de AMBUQ se sienten que se han vulnerado sus derechos, y no ven clara la protección de los mismos como tampoco los pagos de las obligaciones de la entidad en liquidación con los funcionarios.
Desde las bases de la organización los empleados desean dejar en claro que se viene gestando una defensa férrea de los derechos de los empleados y de la vida jurídica de la Asociación Mutual.
Puntos a considerar:
No hay justificación alguna en la toma de posesión y liquidación forzosa de la empresa porque ella ha cumplido con todas las obligaciones que le corresponde las cuales podemos relacionar así:
Toda la nómina de trabajadores y contratistas vinculados a la EPSS AMBUQ ESS se encuentra al día, teniendo como último pago el mes de enero de 2021, es decir, no hay vulneración alguna al derecho de los trabajadores.
Los prestadores que hacen parte de la red de servicios en su mayoría están al día con la facturación corriente y los que han celebrado acuerdos de pago se les ha cumplido, al punto que el índice de procesos judiciales por concepto de cartera en contra es muy bajo.
No existe justificación alguna para intervenir una empresa que ha estructurado y perfeccionado sus procesos administrativos y prestaciones con el fin de atender todas las contingencias ocasionadas por la pandemia COVID19 y esta presta a coadyuvar el proceso de vacunación con toda la caracterización de su población afiliada, tomar una decisión de liquidación no hace sino generar un problema de acceso a los servicios de salud de la población a vacunar que no tiene opción a corto plazo de satisfacer ese derecho.
En los actuales momentos la planta de personal y los contratistas de la empresa suman más de 706 personas con presencia a nivel nacional, en cinco (5) departamentos las cuales quedaran desempleadas sin justificación solo amparadas por una determinación injustificada de la Superintendencia Nacional de Salud, 706s empleados que ven en vilo su vinculación laboral, quedando 2.824 personas desamparadas que dependen de esta entidad. 567 cabezas de familia, 25 funcionarios con enfermedades profesionales, 61 pre-pensionables, 10 en licencia de maternidad y 7 embarazadas, frente a lo cual no hay ningún plan de protección, porque simplemente no se pensó en ellos.
Realizando una comparación a la fecha con todas las empresas promotoras de salud que operan el régimen subsidiado se puede informar que AMBUQ está por encima y mejor calificada que muchas respecto a las cuales no se ha tomado ninguna medida, muchos menos la toma de posesión con fines liquidatarios.
El Ministerio determinó que las EPS se calificarían y emitiría un Rankin, en los últimos cinco años la EPS AMBUQ ha ocupado sitios privilegiados entre las mejores 10 del país.
La Corte Constitucional determinó que la Contraloría Nacional de la Republica sería la encargada de examinar a las EPS, en las tres últimas auditorias realizada a la EPS AMBUQ, no encontraron hallazgos ni penales, fiscales ni administrativos.
La liquidación debe garantizar la prestación de servicios de salud de los afiliados a la empresa hasta el 28 de febrero de 2021 pero debido a la intempestiva y abrupta toma de posesión las instituciones prestadoras de servicios de salud han manifestado su preocupación y han suspendido todos los procedimientos que estaba planificados, lo que es efecto de una irregular determinación de la Superintendencia Nacional de Salud que tomo posesión de la empresa el 9 de febrero de 2021 y al día siguiente se fueron todos los funcionarios que vinieron de la ciudad de Bogotá (casi 20) y dejaron a un liquidador que no tienen ningún margen de maniobra para solucionar los problemas de salud de los afiliados que han exteriorizado permanentemente su preocupación.
La Superintendencia Nacional de Salud sin saber a que intereses responde no prioriza a la población que hace parte de la empresa y sus necesidades y toma la determinación de liquidación de la EPS S AMBUQ ESS, sin ningún plan que permita contener las inmensas dificultades que produce una decisión de esa envergadura en plena pandemia de COVID19, incluso saliendo de la segunda ola y ad portas de ingresar a la tercera, donde no ha habido ninguna queja por deficiencias en la prestación de servicios por ese concepto.
Que la opinión pública conozca que desde el 9 de febrero del 2021 la Superintendencia de Salud intervino la EPS y ser la entregó a una firma liquidadora en cabeza de Luis Carlos Ochoa. La responsabilidad de que los afiliados no reciban sus servicios es del nuevo gerente liquidador, quien debe garantizar el acceso oportuno a la comunidad afiliada.
Los funcionarios han sido cumplidores de sus deberes laborales acompañando a los usuarios que son los grandes vulnerados en este proceso.
Desde el 10 de febrero, un día después que entró el gerente liquidador, se reportaron 50 quejas por parte de los afiliados, el 11 de febrero 70 y el lunes 15 de febrero 171 quejas de los usuarios por la no prestación del servicio.
Se está gestando un despido masivo en época de pandemia, contradiciendo todas las medidas proteccionistas del Gobierno para procurar la estabilidad y aceleración de la economía, con esta futura masacre laboral solo se está llevando al empobrecimiento alrededor de tres mil personas que dependen directamente de esta entidad.
