Tras la masacre en Buga donde fallecieron cinco jóvenes, después de un mes de investigación se conocer la versión oficial de los hechos.
Según las primeras revelaciones, el ataque iba dirigido al dueño de la finca Wilson Alberto Pérez, a quien se le inicia un proceso de extinción de dominio porque no ha podido explicar cómo ha obtenido algunos bienes, entre esos la finca donde ocurrió la masacre.
Al parecer se trataría de un caso de cobro de cuentas o extorsión. También se determinó que desde la casa hubo disparos y que los jóvenes fueron los primeros a los que llegaron los pistoleros porque se encontraban en la zona social.
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