Daniel González

Por: Daniel González Monery

La reapertura de los colegios y escuelas, constituye una de las decisiones más difíciles y complejas que debe tomar cualquier gobierno en estos tiempos de pandemia. Los niños, las niñas y los adolescentes han sido, junto con los mayores de 70 años, un grupo etario con muchas restricciones, ya que su protección contra el coronavirus debe ser la máxima prioridad para los Estado. Sin clases presenciales y confinados en sus hogares, los más de diez millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, solo en Colombia, vienen enfrentando el reto de estudiar a través de las pantallas de un computador. Uno de los aspectos que más han marcado la vida cotidiana en la cuarentena, ha sido, precisamente, la educación virtual en todos los niveles, desde los jardines infantiles hasta los doctorados. En un país como Colombia son muy pocos los hogares, y las instituciones educativas, con los ingresos y la infraestructura para soportar la conectividad requerida para estudiar digitalmente. En otras palabras, mientras que una minoría de estudiantes ha podido aprovechar las clases virtuales para mitigar el impacto en su proceso de aprendizaje, la amplia mayoría enfrentan dificultades, incluyendo el aporte nutricional de la alimentación escolar.

La noticia del regreso “progresivo y en alternancia” a las aulas ha sido rechazada por algunas personas, con el argumento de que no hay condiciones que aseguren el control de la pandemia. Hoy, no se puede dar garantía absoluta de que no vaya a ocurrir una infección, pero es posible crear condiciones que disminuyan el riesgo a un mínimo. Eso es lo que se les puede exigir razonablemente al ministerio, a las secretarías de Educación y a las instituciones. Si uno se preguntara quiénes son los mayores perjudicados con una continuación indefinida del cierre de colegios, sin duda se debería responder que los niños, especialmente los niños más pobres. La educación virtual, que ha sido dura aun para estudiantes que tienen computadores, ha sido extremadamente difícil para los niños que no tienen acceso a internet.

Si se piensa en una población de colegiales de cerca de diez millones, de quienes, en la capital, solo el 60 % tiene algún acceso y en las zonas rurales apenas el 10%, hay que concluir que millones de niños han tenido una educación muy deficiente en los últimos 12 meses. El rezago es inevitable y, sobre todo, muy grave. Un estudio en Estados Unidos, sobre una población de 1.600.000 estudiantes, mostró que perdieron el 47% del avance que hubiera ocurrido con las clases normales. En nuestras condiciones, y cuando el año apenas comenzaba en los colegios de calendario A, (que son la mayoría de los públicos), el daño debe ser mayor. El argumento de que hay un precio que pagar por la seguridad sanitaria es insuficiente si no se aclara cuál es el precio, y, aun más, quién lo paga. Hay hechos que no se han resaltado lo suficiente. Tenemos, en promedio, unos 700 municipios sin presencia de Covid-19. ¿No se podrá construir un retorno cauteloso a clases con los alumnos y maestros que viven en ellos? El 70% de las escuelas del país atienden a menos de cien estudiantes, y más de 18.000 en las zonas rurales tienen menos de veinte estudiantes. ¿No son esos grupos adecuados para un manejo fácil de bioseguridad? Para colegios urbanos grandes, además de alternar, se podría usar otras instalaciones comunitarias.

La apertura económica gradual está sucediendo, es inevitable. Los padres tienen que salir a sus trabajos o al rebusque. Hay cientos de miles de hogares con una sola cabeza de familia, usualmente la madre. ¿Qué van a hacer todos esos niños? Los impactos psicológicos del encierro no han sido medidos, pero sin duda son significativos. También hay niños que trabajan. En el campo, ayudando en las labores agrícolas; en la ciudad, en labores domésticas y otras. El riesgo de que muchos deserten del estudio es inmenso. En definitiva, cuando se asume la oposición al regreso de los niños a las aulas, muchas veces con algo de hipocresía y desde posiciones de privilegio, hay que calcular sinceramente los costos y quién los va a pagar. Son los niños pobres los que pagarán en rezago académico y aumento de brechas entre grupos socioeconómicos, en deserción, en angustia y depresión, en nutrición y en desarrollo.

Por otro lado, jardines y colegios privados, así como muchas empresas alrededor del sector educativo, como rutas escolares, cafeterías, uniformes y demás, han sufrido un duro impacto económico. Con toda razón, muchos padres de familia, en especial en instituciones privadas, están preguntándose si los costos de la mensualidad se justifican ante las limitaciones de las clases por internet.  La discusión sobre el regreso a las aulas ha llegado a declaraciones exorbitantes como la de que se quiere mandar a los niños al matadero. No hay nada en los datos del país ni del mundo que justifique afirmaciones como esas. Así, el análisis serio se vuelve imposible. La verdad es que los niños se infectan muy poco con este virus, que quienes se infectan sufren una enfermedad muy suave y por su carga viral baja son poco infectivos. Quienes se oponen a ultranza al regreso a las aulas, finalmente terminan reconociendo que es para proteger a las familias y a los maestros, no exclusivamente a los niños. Muy legítimo, pero ya es otro tono que permite tratar de buscar la mejor salida posible, pues la perfecta no existe. Tendremos que convivir un tiempo largo con la pandemia. Entonces preparémonos para convivir disminuyendo riesgos. Quienes insisten en que al niño se lo protege en la casa no piensan en la multitud de niños que viven en un espacio reducido e inevitablemente, con sus padres en el trabajo, terminarán saliendo a la calle, donde no hay lavamanos ni gel antibacteriano. Ahí, el contagio es posible y otras cosas indeseables, también. No piensan en los jóvenes de educación media que se verán obligados a salir a trabajar en el campo, o al rebusque en la ciudad, y que posiblemente abandonen los estudios cambiando su vida para siempre.

El proverbio popular de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, se aplica perfectamente a esta situación. Ojalá quienes se oponen rotundamente al regreso a las aulas revisen el impacto, tan grave, que tiene en los niños esa protección. El sistema educativo no funcionará igual que antes de la pandemia por mucho tiempo. El retorno a las clases presenciales debe ser el producto de un consenso entre todos los actores de la comunidad educativa, en especial los padres de familia. Es cierto, e indiscutible, que la vida es lo más importante. Pero entonces, hay que hacer completa la contabilidad. Educación truncada, desnutrición (ya se han reportado muertes), ahondamiento de la desigualdad y la inequidad, pérdida de oportunidades, todo eso es también pérdida de vida. Recomiendo a los analistas, docentes y padres de familia, invertir mejor su imaginación buscando soluciones para un regreso seguro, que rebuscando argumentos para impedirlo.

#DIARIOLALIBERTAD

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