La Ley de Vivienda y Hábitat, sancionada por el presidente Iván Duque, flexibiliza el tope máximo de plazo para financiación de los créditos de vivienda, que hoy está en 30 años. Esto permitirá que más colombianos cumplan su sueño de tener casa propia.

Además permitirá a los colombianos un acceso más expedito a los subsidios de vivienda.

Según precisó el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, esta ley además, elimina la restricción de tiempo para vender una vivienda que se haya adquirido con subsidio de Mi Casa Ya. En el caso de las viviendas gratis, las familias podrán disponer de este activo posterior a 5 años de utilización y no de 10 años como estaba establecido.

Así mismo, los hogares que recibieron un subsidio de mejoramiento, también podrán acceder a subsidio para compra de vivienda nueva.

En el tema de vivienda de interés cultural, la Ley habilita al Gobierno Nacional para destinar recursos, en dinero o en especie, para promoverla, siempre y cuando se cumplan con los requisitos dispuestos en el artículo 91 de la Ley 388 de 1993 para ser considerada una vivienda de interés social.

En materia de ordenamiento territorial y teniendo en cuenta las necesidades del país, el Ministerio de Vivienda precisó el procedimiento para realizar la concertación ambiental de los instrumentos de ordenamiento territorial cuando más de dos autoridades ambientales cuentan con jurisdicción en el municipio o distrito formulador.

Además, la Ley de Vivienda clarifica conceptualmente las definiciones de acción y actuación urbanística, el procedimiento para la concertación y adopción de planes parciales, así como el aprovechamiento económico del espacio público.

Otro aspecto para destacar está relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT); la Ley clarifica los procesos de formulación, revisión, ajuste y modificación de estos instrumentos y la participación ciudadana comprendida en estos procesos.

Desarrollo urbano

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, resaltó que la Ley de Vivienda y Hábitat impulsa y fortalece elementos esenciales para el avance en la construcción de ciudades de calidad y el acceso a la vivienda formal.

El gremio asegura que con este nuevo marco legal se promoverá la seguridad jurídica en las decisiones respecto al ordenamiento territorial, garantizando el desarrollo formal, el acceso y la financiación de la vivienda, la construcción de equipamientos sociales, el crecimiento urbano ordenado y otras acciones concretas que, mediante la simplificación de trámites para la adopción de planes parciales, la efectiva inversión de la plusvalía y la promoción de nuevos mecanismos para la financiación y la ejecución de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, contribuirán con ese propósito de país.

“El reconocimiento de la política pública de vivienda y hábitat como una política de Estado, sin duda define la importancia de la vivienda y el desarrollo urbano formal como fuente de bienestar y como un instrumento de movilidad social y equidad en el país”, afirmó la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez.

Otros aspectos que destacó Forero son la creación de observatorio de ordenamiento territorial, la integración de la política de vivienda rural, la participación democrática en los Planes de Ordenamiento Territorial, y las acciones encaminadas a la atención prioritaria en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y jóvenes, así como la creación de garantías para financiación de la vivienda formal.

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