Después de 3 años de lucha en los estrados judiciales, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia (PBOT) contenido en el Acuerdo 013 del 5 de diciembre de 2017. Lo anterior, debido a que el juez Huberlando Peláez Núñez se dio cuenta que el municipio no cumplió con los estudios ambientales y otra serie de requisitos que están consagrados en la ley 388 de 1997.

Frente a esa falta de cumplimientos legales, Puerto Colombia quedaría con el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2012, “volveríamos atrás, no habría cambios de uso de suelos , ni tampoco habría normas urbanísticas que modificaran la densidad ni las alturas de los proyectos que se están haciendo en el municipio”, afirmó Oscar Jahir Hernández Rugeles , abogado del Condominio Caujaral.

“Hay muchas fallas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pero las principales son insubsanables , cometieron una falta grandísima, ya que primero planificaron el territorio y luego mandaron hacer los estudios ambientales y eso no tiene ningún sentido. Tenían que haber hecho los estudios ambientales que corroboraran que se podría desarrollar urbanísticamente el municipio y lo hicieron al revés”, indicó el jurista.

La falta del cumplimiento en los tiempos fue un factor clave para que el juzgado declarara la nulidad del acuerdo a lo revelado por el documento. La Administración Municipal liderada por el ex alcalde Steimer Alí Mantilla y el Concejo Municipal realizaron una revisión ordinaria por fuera de los tiempos, lo cual indicaba que el PBOT debió haber sido inspeccionado antes que se cumplieran 12 años, pero lo que ocurrió fue una renovación automática para el 2024.

Hernández Rugeles indicó que la nulidad es una buena noticia ya que el Plan de Ordenamiento Territorial decía que alrededor del Lago del Cisne y en toda la cuenca de Mallorquín se podían construir edificaciones libres en altura, lo cual tarde o temprano iba a terminar secando el lago y afectando ambientalmente el territorio .

Tras la anulación del Pbot del 2017, ahora podrían existir ciertos cambios para algunos proyectos que estaban contemplados en el municipio, uno de ellos es el plan parcial denominado Mallorquín del grupo Argos, aproximadamente 11 mil unidades de viviendas que quedarían completamente inhabilitadas e imposibilitadas para su construcción. Es decir, no podrían construir ni el bordillo de un andén porque todos esos terrenos que se transformaron con el PBOT del año 2017 a expansión urbana quedarían como terrenos rurales básicamente como una finca, expuso el representante legal de Caujaral.

Asimismo, la ampliación de redes de servicios públicos podría ser otro proyecto inválido, “había una ampliación de la planta de agua potable, inversiones para parques públicos y para el muelle, todo esto era posible gracias al cambio del uso de suelo que estableció el Plan de Ordenamiento de Puerto Colombia, pero al caerse el PBOT los usos de suelo vuelven a su estado original y la ampliación de redes no puede hacerse”, detalló el abogado.

Y con el respecto al proyecto de vivienda + House Caujaral, corre el riesgo de que las licencias se consideren como ilegales a raíz de la nulidad.

¿Qué decisión tomará el alcalde?

El alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, tiene que tomar la decisión si apela o no a lo establecido por el juzgado. “Si el alcalde presenta la apelación se puede desarrollar entre 6 y 8 meses donde quedaríamos en un limbo jurídico; y el municipio debería empezar hacer el Pbot desde cero”, precisó el representante legal de Caujaral.

Por otra parte, el presidente del Concejo de Puerto Colombia, Winston Varela Amador, se pronunció indicando que “este fallo es de primera instancia, el cual ya estamos atendiendo a través de nuestros asesores para la oportuna argumentación y sustento de este recurso de reposición. Tenemos la certeza que dentro de las acciones legales que corresponde hemos iniciado las acciones pertinentes para que las medidas sean revocadas”.

El concejal subrayó al mismo tiempo, “esperamos que una vez culminen los términos el juez le dé debido trámite para subirlo al Tribunal Administrativo. Por parte del Concejo Municipal hay la absoluta tranquilidad que estamos haciendo todas las acciones legales que nos corresponde”.

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