Tal como lo hemos dado a conocer en este mismo espacio editorial, existe gran expectativa entre las gentes de bien de varios municipios del Atlántico, por conocer el resultado de las investigaciones anunciadas en días pasados por la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General y la Fiscalía General, respecto a las indagaciones desplegadas por estas entidades, tendientes a esclarecer los procedimientos adelantados por un sinnúmero de contratistas, que al parecer valiéndose de artimañas suscribieron millonarios contratos, sin el lleno de los requisitos que la ley estipula, especialmente con algunas alcaldías cuyos mandatarios han aprovechado la emergencia sanitaria para practicar aquello que se ha dado en llamar la ‘contratitis aguda’.

Estas indagaciones  involucran a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios, quienes  aprovechando el mecanismo de la urgencia evidente procedieron  a la firma de millonarios contratos consistentes en ayudas alimentarias para los más vulnerables de nuestro país.

Por ejemplo, la ciudadanía del municipio de Soledad está a la espera de los primeros resultados de estas investigaciones iniciadas cuando se supo de los presuntos sobrecostos en aquellas contrataciones, que en la mayoría de los casos no cumplieron con los requisitos exigidos por la  ley, así como tampoco se verificó la capacidad, idoneidad y experiencia por parte de las empresas y fundaciones contratadas para suministrar las ayudas a los más pobres durante la pandemia.

El Ministerio Público se propone establecer igualmente si en realidad se seleccionó la oferta más favorable para y si se vulneraron los principios fundamentales de la contratación estatal como son la transparencia, la selección objetiva, la responsabilidad y la libre concurrencia.

Luego de semanas de investigaciones y rastreos a denuncias ciudadanas y hallazgos en auditorías propias de estos entes de control, ya se tiene un primer panorama sobre contratos irregulares o con sobrecostos.
En el radar de los entes de control, se encuentran varios mandatarios municipales de nuestro departamento, como también funcionarios de varias administraciones que habrían dado vía libre a muchos contratos ‘leoninos’, al igual que los contratistas a quienes les fueron adjudicados.
Entonces, lo aconsejable en estos momentos es la conformación de un frente ciudadano unido contra la apropiación ilegal de los recursos de la emergencia sanitaria y para desenmascarar a quienes aprovechando de esta circunstancia ven una oportunidad para apropiarse de los recursos  destinados a las ayudas de millones de  colombianos.

Que quede claro, la tarea de LA LIBERTAD es informar y contribuir al desarrollo de Barranquilla y los municipios del Atlántico y demás departamentos de nuestra Región Caribe, con la crítica siempre constructiva, de ahí nuestra permanente invitación a la comunidad  para que con su  participación activa contribuya a la lucha frontal contra la corrupción.

Consideramos pertinente que los entes de control sigan cumpliendo su tarea y que los ciudadanos denuncien las irregularidades y que aporten las pruebas para que se continúen los procesos correspondientes y se condene a los responsables.

Y ojalá que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, continúen en la misma tónica que hasta ahora, para que la emergencia en que nos encontramos, no se siga convirtiendo en una vena rota para llenarles los bolsillos a los contratistas corruptos que ‘encalanchinados’ con algunos alcaldes permanecen  merodeando por las entidades de carácter gubernamental, para que se les adjudiquen los contratos.

#DIARIOLALIBERTAD

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