Luego de la vacancia judicial asumida desde el pasado 19 de diciembre, a partir de esta semana las altas Cortes reiniciaron su actividad del 2021, un año que incluye demandas clave en la Constitucional y el Consejo de Estado, así como mediáticos procesos penales introducidos en contra de aforados en la Suprema de Justicia, frente a los cuales el país espera definiciones.

Caso Fracking

Entre los casos más emblemáticos que deberá resolver el Consejo de Estado está la implementación de la técnica del fracking en el país, algo que depende de la suerte de una demanda de nulidad contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, en donde se fijan los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Como se recordará en noviembre de 2018 el alto Tribunal atendiendo dicha demanda suspendió los efectos de estos actos administrativos mientras se emita un fallo de fondo.

Mineros a la expectativa

Desde diversos sectores del Gobierno y el sector minero se está a la espera de este fallo con la esperanza de poder implementar esta técnica que promete dinamizar la explotación de petróleo y gas; en tanto que organizaciones ambientalistas, que presentaron esta demanda por los eventuales impactos en el subsuelo y el agua, aspiran a que le cierren la puerta.

Nulidad de Elecciones

De igual forma el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre las demandas de nulidad de la elección del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y la entrante procuradora general, Margarita Cabello, quien se posesiona el próximo lunes. Desde julio pasado la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda a la elección del Fiscal General, interpuesta por un estudiante de Derecho, quien considera que el alto funcionario debe cumplir un periodo institucional no personal de cuatro años.

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