La Segunda Brigada del Ejército Nacional profirió en las últimas horas una Resolución mediante la cual se “suspende el porte de armas de fuego en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Bolívar”.
El espíritu de esta decisión es el de preservar las condiciones de seguridad y tranquilidad de los habitantes de estos departamentos.
Las restricciones a las cuales hace alusión la referida disposición tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre del año en curso y estarán exentos el personal de la Fuerza Pública, los congresistas, magistrados, gobernadores, alcaldes, empresas de vigilancia privada, misiones diplomáticas acreditadas en el país y aquellos deportistas que acrediten que las armas que ellos utilizan se relacionan con sus actividades.
Hay que recordar que el monopolio de las armas por parte del Estado constituye una de las cláusulas fundamentales de la Constitución Nacional de la República de Colombia.
Mientras esto no se consolide y no exista tampoco una política pública al respecto, seguiremos sufriendo la violencia como la peor endemia que durante décadas tras décadas ha venido caracterizando al país.
Lo cierto es que casi nunca se hace un cálculo respecto a cuánto es el armamento que circula ilegalmente por todo el territorio colombiano, pero sí resulta evidente que una gran parte de la población permanece armada, no como acicate de la legítima defensa, sino como un mecanismo ofensivo para las gentes de bien, por lo que consideramos de mucha urgencia la recuperación de la noción de esa exclusividad por parte del Estado Social de Derecho.
Para nuestro concepto es ahí donde precisamente se da el núcleo de los problemas de orden público, por lo que se debería tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que portan las armas como algo común y corriente y como parte de la idiosincrasia de los colombianos.
Eso significa que todo aquel que porta o pretende portar un arma de uso civil, bien sea para la defensa personal, desarrollar una actividad recreativa o sólo con el ánimo de coleccionarla, está obligado a solicitar el respectivo permiso al Ministerio de Defensa.
Como hemos venido comentando en este mismo espacio editorial, la mayoría de los hechos sangrientos que se cometen en Barranquilla, el Atlántico, Magdalena y Bolívar tienen ocurrencia con el accionar de armas de fuego, lo que claramente refleja el fácil acceso que está teniendo la delincuencia para hacerse a estos artefactos y el posible comercio ilegal que se viene produciendo en el caso de nuestra ciudad.
Siempre nos ha llamado la atención por conocer la forma cómo opera ese “cartel” de las armas aquí en Barranquilla, porque no de otra manera se puede explicar el hecho de conseguirlas tan fácilmente por parte de los delincuentes, a juzgar por la proliferación de éstas en todos los rincones de la capital del Atlántico.
Lo anterior nos confirma algo que se rumora con mucha insistencia entre los barranquilleros, consistente en la posibilidad de la existencia de verdaderas organizaciones que las comercializan ilegalmente, abasteciendo principalmente a los grupos delincuenciales para la comisión de sus fechorías, aumentando así los índices que hoy en día motivan toda clase de preocupaciones y temor entre la ciudadanía barranquillera.
Habíamos dicho que considerábamos conveniente a todas luces, que como adicional al llamado a la tolerancia que han venido formulando las autoridades, se procediera a reactivar los operativos y las labores de inteligencia para desvertebrar esas bandas de delincuentes que comercializan las armas de fuego en la Puerta de Oro de Colombia para así mermar la proliferación de estas.
#DIARIOLALIBERTAD
