Presos políticos: Alberto busca una salida que involucre a todos los actores del oficialismo

El rechazo de Alberto Fernández a otorgar un indulto a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se encuentran irregularmente procesados o condenados opacó su contrapropuesta. El Presidente busca que sean todos los actores políticos del oficialismo quienes desanden el camino de lawfare, y para esto, baraja dos alternativas posibles.

“Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción de voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba dictar indultos y lo voy a cumplir” expresó.

Además, más allá de la cuestión de la palabra y la coherencia, señaló que:

“El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”.

En esa misma línea, reiteró que los procesos judiciales contra varios dirigentes y exfuncionarios del kirchnerismo “están colmados de irregularidades” e insistió: “Yo lo que pido es que la Justicia revise lo que pasé en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”.

La contrapropuesta de Alberto

Lo que rápidamente se leyó y se difundió en la mayoría de los medios lisa y llanamente como un rechazo a la posibilidad de que el presidente otorgue un indulto, tiene ribetes que exceden la explicación técnica-jurídica de Fernández y que se adentran en el campo político.

Efectivamente, una de las forma de comprender los dichos del presidente es que desandar el nefasto proceso de lawfare en nuestro país debe ser una tarea que incluya a todos los actores del oficialismo, pero por sobre todo, al kirchnerismo, principal perjudicado por esta metodología.

De este modo, al patear la pelota al Congreso señalando que la posibilidad cierta y conveniente sería una amnistía, Alberto está haciéndole un pase al kircherismo, al massismo y a los gobernadores.

En lo atinente al kirchnerismo, la propia Cristina Fernández de Kirchner es quien preside el Senado de la Nación en su calidad de vicepresidenta, mientras que Máximo Kirchner preside el bloque de Diputados del Frente de Todos.

Además, la presidencia de la Cámara Baja está en manos de Sergio Massa, hoy aliado de Máximo Kirchner y un importante interlocutor del gobierno con los bloques independientes, cuyos legisladores debería levantar la mano con el oficialismo para darle media sanción a una ley de amnistía.

Finalmente, en la Cámara Baja es José Mayans el titular del bloque oficialista. Se trata de un hombre que llegó al Senado de la mano de Gildo Insfrán, gobernador de Chaco, aunque luego fue electo presidente del bloque del Frente de Todos a través de un acuerdo entre los gobernadores y CFK.

En breve, sólo el consenso de todos los sectores del oficialismo (kirchnerismo, massismo y los gobernadores) podría garantizar la sanción de una ley de amnistía que alcanzaría no sólo a condenados sino también a procesados y que, a diferencia de un indulto, no es considerada la eliminación de la pena sino directamente del delito.

Puede que a simple vista parezca un juego de palabras o un tecnicismo menor, pero en el discurso del oficialismo y del mismo Alberto Fernández, no se busca “perdonar” sino garantizar un proceso justo, sin abusos ni discplinamientos políticos a través de condenas penales.

Otra posibilidad, en el seno del Poder Judicial

Por otra parte, y aunque para muchos haya pasado desapercibido, Alberto Fernández ha endurecido progresivamente su discurso, refiriéndose inicialmente meramente a “irregularidades” para posteriormente hablar sin ambages de “lawfare”.

Una amnistía sería quizá de difícil concreción en términos políticos-legislativos, ya que demandaría consensos con fuerzas de la oposición que no tendrían mayores razones para acompañar al oficialismo. En un año electoral como es 2021, la situación es patente. Votar con el oficialismo podría ser “piantavotos”.

En ese contexto, el Presidente baraja otra posibilidad, consistente en la creación de un Tribunal paralelo a la Corte Suprema de Justicia, cuya función sería analizar los casos que poseen denuncias por arbitrariedades procesales. Sería la pesadilla del difundo juez Claudio Bonadío, y un golpe de gracia al lawfare.

Es en ese contexto que cobra mayor relevancia la insistencia de Alberto en hablar de “irregularidades” algo que se comprende con más claridad a la luz de que la creación de este Tribunal es una de las propuestas de la Comisión de juristas a las que el Poder Ejecutivo le encargó analizar modificaciones al sistema judicial argentino.

Sea una amnistía o sea un Tribunal Superior que le ponga coto a la Corte Suprema del Lawfare, cualquiera de las iniciativas supondrá un ejercicio de unidad de todos los actores del oficialismo, en un año clave por su carácter lectoral.

#DIARIOLALIBERTAD

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