La determinación se genera dándole cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), la cual condenó al país por la medida que impuso el Ministerio Público en ese momento presidido por Alejandro Ordóñez Maldonado, a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá por modificar la estructura del sistema de recolección de basuras en la capital.
En su momento, la Corte IDH precisó que no se pueden limitar los derechos políticos de alguien elegido por voto popular para un cargo público, como respuesta a ello y con el propósito de dejar claras las competencias, la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentará ante el Congreso de la República un proyecto que plantea importantes cambios respecto a las sanciones a funcionarios elegidos por votos, que se hayan visto involucrados en temas relacionados con corrupción.
Dentro de lo consignado en el proyecto conocido por un medio de comunicación, la PGN determina que mantiene competencias para indagar y sancionar a los funcionarios involucrados, sin embargo, también anexa varios puntos sobre el ofrecimiento de garantías para los mismos.
“El proyecto de decisión sancionatoria disciplinaria que llegare a resultar de las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, en el evento que conlleve destitución e inhabilidad general de servidores públicos elegidos por voto popular, tendrá control automático jurisdiccional”, consignó parte del documento, que además determinó una disminución del plazo para que la Procuraduría de a conocer la decisión final e incluyó la figura de impugnación.
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