Los empresarios del país rechazan reducir la jornada laboral al considerar que tendrá un impacto negativo en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la competitividad del país, fuertemente afectada por cuenta de la pandemia.

Esta propuesta está enmarcada en el Proyecto de Ley 212 de 2019, -Reducción de la jornada laboral y trabajo a tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores, que fue aprobado en la plenaria del Senado en segundo debate el viernes pasado. Plantea la reducción de la jornada laboral de los colombianos de 48 horas a 40 horas a la semana, sin que se afecte el salario de los trabajadores.

Igualmente plantea que la reducción se implementará de manera gradual dentro de los tres años siguientes de la entrada en vigor de la ley, 45 horas en el primer año, 42 horas en el segundo año y 40 horas a partir del tercer año, con el cual se busca aumentar la productividad de las empresas motivando a los trabajadores a bien invertir su tiempo, de manera que las mismas funciones que tienen asignadas, sean realizadas en menor tiempo.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó que esta propuesta va en sentido totalmente contrario a lo que debería, dado que va a encarecer la creación de nuevos puestos de trabajo y afectará la competitividad del país.

“A pesar de sus aparentes beneficios para los trabajadores, lo cierto es que la reducción de la jornada sería una medida destructiva de empleo, se requiere de más responsabilidad en el debate”, sostuvo Mac Master.
Por su parte el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo que en estos momentos el país debe estar concentrado en recuperar el empleo perdido por la pandemia.
“Esta clase de propuestas deben ser analizadas con mucho detalle… considero que lo ideal sería adoptar una reforma laboral”, sostuvo.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, también se refirió al proyecto y expresó que su aprobación en el Senado es un acto irresponsable. Para Cabal, esta iniciativa no tiene ningún tipo de sustento técnico y no piensa en el grave daño que se puede hacer en la generación de empleo.

Archivar proyecto

Acopi, el gremio que agrupa a las micro y pequeñas empresas del país, también rechaza el proyecto y pide a de la Cámara de Representantes el archivo del mismo, por considerar que “No es el momento oportuno para imponer más cargas a las empresas y encarecer los costos de estas, como lo está proponiendo el proyecto de ley, debido a que la reducción de la jornada significa un encarecimiento de los costos laborales asociados a la nómina”.

“Como gremio creemos que la aprobación de este proyecto es totalmente inconveniente y se convertiría en un obstáculo al proceso de reactivación y recuperación económica en que se encuentra el sector productivo por causa de la pandemia de la covid 19, lo anterior porque al reducir la jornada laboral sin reducción del salario, los costos laborales se incrementan debido a que se pagaría el mismo salario por menos tiempo laborado, lo que igualmente produciría una desaceleración en la capacidad productiva de la empresa y del país”, asegura Rosmery Quintero, presidente de Acopi.

El Viceministerio de Hacienda, se abstuvo de emitir concepto favorable sobre este proyecto y afirmó que no es prudente impulsar este tipo de iniciativas porque tendría efectos negativos sobre la tasa de desempleo.

El impacto

Según un análisis de Acopi, en cuanto a costos laborales, tomado como ejemplo un salario mínimo, la reducción de las horas laborales pesarían un 14.3% sobre este, es decir, que las empresas deberán pagar este porcentaje del salario sin utilizar la mano de obra en sus procesos productivos, lo que evidentemente es un costo altísimo que efectuaría la sostenibilidad de las empresas.

Se estima que para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas tendrían que cargar con un costo semanal promedio de $85.309 por persona.

Además considera Acopi que uno de los indicadores que mayormente resultarían impactados sería el de desempleo. “Si se compara el número total de ocupados del mes octubre con respecto al total reportado durante el mes de diciembre se puede observar que hay 1,486.000 puestos de trabajo menos, por lo cual la aprobación del proyecto tendría efectos adversos en la recuperación del empleo”, advierte la Asociación.

Otro gran efecto sería un incremento en la informalidad laboral. De acuerdo con el Dane en el mes de octubre de 2020, en el país había 11.1 millones de ocupados en 23 ciudades y áreas metropolitana del país, de los cuales 5.6 millones son formales y 5.4 millones informales, lo cual refleja una tasa de informalidad laboral casi del 50%, cifra que puede incrementarse como efecto de la aprobación del proyecto de ley.

También agudizaría la profundización de la brecha existente entre los distintos tipos de trabajadores ocupados. “De acuerdo con el Dane a nivel nacional tenemos 21.2 millones personas ocupadas, de los cuales 7,8 millones son empleados del sector privado, mientras que 9.6 millones son trabajadores por cuenta propia y 768 mil son trabajadores sin remuneración. Es decir, que el proyecto solo beneficiaría a un reducido grupo de trabajadores ocupados, a aquellos que son empleados, excluyendo a los trabajadores por cuenta y a los trabajadores sin remuneración, por lo cual no estaría impactando a la totalidad de los trabajadores colombianos”, explica Rosmery Quintero.

La agremiación plantea que este tipo de temas sean tratados por la Misión de Empleo, debido al análisis integral que está realizando a la normatividad laboral y así contar con un cuerpo normativo moderno que refleje los cambios sociales y económicos y concilie equilibradamente los derechos de trabajadores y empleadores.

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