Con una frecuencia asombrosa, en este país se destapan escándalos por corrupción, cada uno de los cuales, luego de indignar a la opinión pública, es relegado a un segundo plano por la explosión de uno nuevo.
Eso sí, por lo general más grande, más desvergonzado y varias veces más costoso para los contribuyentes. Además, todos estos episodios tienen algo en común: rara vez son procesados hasta el final y muy poco se castiga a los responsables.
Hasta ahí, todo hace parte de esa tradición malsana que se apoderó de Colombia; sin embargo, pocas veces se va más allá, casi nunca se profundiza en otros hábitos perversos que también han hecho carrera en el sector público y que igualmente cargan buena parte de la culpa del desastre.
Después de muchos años de indagación la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC, impuso una sanción por la suma de $295 mil millones a la empresa brasilera Odebrecht conjuntamente con Corficolombiana, Episol, a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y a Gabriel Ignacio Morales, por inventarse y poner en práctica a través del muy conocido sistema de soborno un irregular y fraudulento mecanismo que se utiliza por los corruptos para restringir la libre competencia durante los procesos de adjudicación y posterior ejecución de las grandes contrataciones en Colombia, en este caso el ampliamente conocido contrato de la ‘Ruta del Sol 2’.
La sanción se hace extensiva a otras empresas específicamente por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución de la señalada obra.
La SIC indicó que el contrato para el desarrollo del referido proyecto lleva implícito un ilegal acuerdo que no permitía la intervención de cualquier otro participante en la competencia por la adjudicación del jugoso contrato, una espuria figura que les permitió garantizarles la adjudicación del mismo luego del ¿cómo voy yo ahí?
El famoso contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la Concesionaria, en una segunda fase, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó a través de la implementación de diferentes contratos chimbos, un mecanismo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo de no competencia para luego desplegar una estrategia de compensación a través de una posterior adición al contrato, todo esto con la finalidad de obtener indebidamente la mayor utilidad posible del adjudicadoproyecto Ruta del Sol.
Además, la Superintendencia sancionó a cuatro personas naturales –entre estas los ejecutivos de Odebrecht–, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y tolerado el sistema que impedía la libre competencia.
La demorada pero ejemplarizante decisión de la SIC contó con el concepto favorable por unanimidad del Consejo Asesor de Competencia, celebrado en días pasados.
Hay que destacar que a varios personajes que estaban siendo investigados por la SIC les fueron archivados los procesos por considerarse la carencia en su contra, entre los cuales se encuentra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez presidente del Grupo Aval, al respecto la SIC señaló que no tuvo participación en los hechos investigados; luego de la correspondiente evaluación de las pruebas recaudadas, fue descartada su responsabilidad respecto cualquier conducta relacionada con las irregularidades antes relatadas. Igualmente se archivaron las actuaciones en contra de los demás ejecutivos del mencionado grupo empresarial, a quienes se les habían formulado cargos desde el año 2018. Hay que recordar que en la Región Caribe, la multinacional Odebrecht se ganó en 1994 la licitación para la construcción del Puerto Drummond en Santa Marta, en 1995 la Ferrovía La Loma (Cesar)-Santa Marta, en 1999 al Complejo Carbonífero del Cerrejón en La Guajira y en 2014 a la supuesta recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. ¿Cómo lo hizo?
#DIARIOLALIBERTAD
