Por las presuntas irregularidades en la prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a cinco exfuncionarios de la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2014, periodo de Gustavo Petro.

Durante el segundo semestre de 2012 generaron un detrimento al patrimonio público por $56.763 millones en la compra de 278 vehículos y equipos de recolección de basuras.

Los exfuncionarios implicados son Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón, Jaime Humberto Mesa, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Solano, directivos del Acueducto de Bogotá y de la empresa Aguas de Bogotá, no aceptaron los cargos. Según el expediente de la Fiscalía al que tuvo acceso el diario El Tiempo, Bravo Borda, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, celebró dos contratos con la empresa Aguas de Bogotá pese a que esta última no contaba con la experiencia necesaria ni “la capacidad técnica y operativa para la prestación del servicio”.

Adicionalmente se supo que Bravo modificó el fin del contrato para ajustarlo según el dominio de la empresa Aguas de Bogotá, cuyo gerente en su momento fue Mario Álvarez Ulloa. Así, los contratos 017 y 107 del 2012, según el documento de la Fiscalía, vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad presentes en la reglamentación estatal de contratación.

Otra de las irregularidades tienen que ver con la compra de maquinaria y equipamiento para la recolección de las basuras, los camiones, proceso que tuvo deficiencias en los estudios previos y en el pliego de condiciones relacionado con las especificaciones técnicas. Según El Espectador, no se supervisó, previó ni contempló financieramente la inversión de los automotores, pues los equipos no eran adecuados para la prestación del servicio.

La Fiscalía recalcó que no se contaba con la capacidad presupuestal para la firma de dicho contrato e, incluso, se firmaron adiciones por más del 50% “del monto inicial en contravención del Estatuto de la Contratación Pública”.

Según recordó El Tiempo, los automotores no obedecían a la geografía ni al clima de la ciudad. Pero, Bravo aceptó los vehículos, dejando a un lado los contratos y afectando gravemente el desarrollo en la operación de recolección de basuras. Por ello, se delegaron a empresas privadas para dar debido cumplimiento al servicio.

Como se recordará la crisis de basuras que se presentó entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012 le dio al exalcalde Gustavo Petro el poder para reestructurar el esquema de aseo, reiteró El Espectador. El uso de volquetas para dicho proceso desconoció, para la fiscalía, las reglas para la operación de recolección de basuras. Debido a estas intervenciones irregulares se generaron graves afectaciones económicas para Aguas de Bogotá y severas consecuencias para el sistema de aseo de la ciudad.

El exalcalde Petro firmó contratos con Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa, empresas privadas, para que la crisis no se agudizara. La nueva licitación, a la llegada de Enrique Peñalosa, excluyó a la empresa Aguas de Bogotá, que ahora se encarga de la PTAR Salitre y la limpieza de canales.

HL

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