La Fiscalía avanza en el cumplimiento de los lineamientos definidos por el Fiscal General del Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento 2020-2024, que contempla la persecución de los activos producto de actos de corrupción y otras actividades ilícitas.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a cinco bienes que habrían sido utilizados para constituir un entramado ilegal que comprometió los dineros destinados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Calarcá (Quindío). Proyecto que no se ejecutó.

Las propiedades afectadas, cuyo valor comercial alcanza los 4.800 millones de pesos, están ubicadas en Bogotá, Manizales y Barranquilla. Estas son: las sociedades Injomar S.A., J.P.G. & Cía. S.A., y Juan Bernardo Botero Ingeniería S.A.S; y los establecimientos de comercio J.P.G. & Cía. S.A., Juan Bernardo Botero Ingeniería.

Este proceso de extinción de dominio inició gracias al material de prueba obtenido en una investigación penal que puso en evidencia presuntos hechos de corrupción.

En el mismo, se estableció que el ingeniero Jorge Arturo Sanabria Sánchez obtuvo un préstamo por 2.400 millones de pesos y adquirió participación en las sociedades hoy afectadas con medida cautelares. De esta manera, asumió el 60% de las acciones de la empresa Multipropósito, y ganó silla y poder de decisión en la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Calarcá.

Desde esta posición, el señor Sanabria Sánchez habría impulsado la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio. Al parecer, gestionó un anticipó de 30% para las obras y los recursos, supuestamente, los destinó a cubrir la deuda que asumió para hacerse de las sociedades.

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