Con el Proyecto de Acuerdo No. 256 de 2020 emitido por la alcaldesa de Bogotá Claudia López, “Por el cual con la excusa de una emergencia climática en Bogotá decreta el “Día distrital sin consumo de carne”, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie expresó su desacuerdo con la burgomaestre.

Dice el dirigente gremial que los ganaderos en Colombia, incluida la zona rural e Bogotá, están desconcertados por la aprobación del Proyecto de Acuerdo 256 de 2020 por parte del Concejo de Bogotá con el aval de la Alcaldía que de manera insólita, con esta iniciativa pretende limitar el acceso de la proteína animal a los estudiantes de las instituciones públicas de la capital del país, buscando además fomentar una injusta animadversión contra este renglón social muy importante del país.

De esta manera Lafaurie denuncia: “este tipo de proyectos, en donde priman el fanatismo y las posturas prohibitivas, resultan devastadores para aquellos que participan de manera lícita en este sector de la economía y generan un grave impacto nutricional para la población. Además, son una violación del derecho fundamental al trabajo, a la producción, transformación y comercialización de los alimentos de dicho origen”.

Tomando las banderas de todos los ganaderos, Lafaurie rechazó el fin insidioso de este Proyecto de Acuerdo. Además le recuerda Lafaurie a Claudia López que “la ganadería aporta el 1,6 % del PIB nacional, el 24,8 % del PIB agropecuario y el 48,7 % del PIB pecuario. Generamos el 4,1 % del empleo nacional y el 18 % de los puestos de trabajo en la zona rural”.

El ejecutivo recuerda en su documento a Claudia López lo que la Corte Constitucional de manera continua ha reiterado jurisprudencialmente que:

“La Constitución de 1991 al adoptar un modelo de Estado Social de Derecho, introdujo un modelo de economía social de mercado en el que, de un lado, se admite que la empresa es motor de desarrollo social y por esta vía se reconoce la importancia de una economía de mercado y la promoción de la actividad empresarial, pero por otro, se asigna al Estado no sólo la facultad sino la obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo económico y social(…)”.

“La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Libertad que comprende, entre otras garantías,

(i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y (ii) la libre iniciativa privada. Su núcleo esencial comprende, entre otras prerrogativas, (i) el derecho a un tratamiento igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma posición; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho a la libre iniciativa privada; (v) el derecho a la creación de establecimientos de comercio con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho a recibir un beneficio económico razonable

En suma y en el sentido de complementación para el derecho constitucionalmente reconocido, el máximo tribunal constitucional también ha señalado de manera contundente, respecto de la Libre Competencia, lo siguiente:

1 Corte Constitucional. Sentencia C-263-11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-263-11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3 “La libre competencia consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones y comprende, de conformidad con jurisprudencia constitucional, al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario.

Finalmente le solicitó que, en su calidad de primera autoridad civil del Distrito que la Capital, invierta sus esfuerzos en combatir el consumo y tráfico de drogas, elemento que de verdad incide gravemente en la deforestación en el país y, de forma directa, financia la delincuencia y a la vez afecta la ya deplorable y preocupante situación de seguridad en Bogotá. No estigmatice a un sector productivo de la sociedad que desarrolla actividades lícitas y del cual depende la seguridad alimentaria de todo un país.

HL

#DIARIOLALIBERTAD

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