Como voceros de la comunidad que siempre hemos sido en LA LIBERTAD, respaldamos todas aquellas iniciativas que favorezcan a las gentes más necesitadas de nuestra ciudad. Que existan más recursos para la salud y oportunidades para los menesterosos, es algo que para nosotros es  de mucha importancia, en este caso la clase política y los dirigentes, no sólo deben velar porque así ocurra, también es necesario trabajar por lograrlo, deponiendo intereses personales frente a los que atañen a la ciudadanía barranquillera en general.

No se puede negar que el Sisbén permitió el ingreso de muchos barranquilleros al servicio de salud, en un número que jamás se llegó a pensar que sería posible en nuestra ciudad, beneficios que son en favor de todos y especialmente de los más pobres; con este mecanismo se le brinda la oportunidad a millones de personas  pertenecientes a los estratos bajos, es decir de escasos recursos económicos, para que puedan llegar a un consultorio médico y ser atendidos por un facultativo de manera oportuna.

En realidad, el objetivo de este editorial no es solo el de volver a tocar el tema de las reformas que se han promulgado en este sentido, sino también para referirnos a la caótica situación que viven muchos barranquilleros, beneficiarios del sistema de salud subsidiada a través de centros asistenciales en manos de enfermeras y algunos profesionales de la medicina, quienes brindan un trato que deja mucho que desear y no justificado para ningún ser humano, por muy humilde que sea, sería importante que se le ponga coto a esta situación.

Veintisiete años después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, considerada como la mayor revolución del sistema de salud de Colombia, será solo a través de un fallo judicial que se corrijan los grandes desaciertos en que se ha convertido no solo la referida norma, sino todo el sistema de salud a escala nacional.

A la salud subsidiada y contributiva solamente se estaba accediendo por métodos legales como la acción de tutela; una prueba contundente de ello son los 95 mil procesos de esta naturaleza que tiene que resolver anualmente el sistema judicial, para que no se vulnere el derecho fundamental de la salud.

Definitivamente el sistema de salud se volvió un negocio financiero, pero  poco está respondiendo a la necesidad de prevenir y curar dignamente a los usuarios y que sea de calidad en su aplicación.

Además, los usuarios no saben cuáles servicios son los que realmente tienen, por esta razón es común y corriente, pedir una cita ante un juez, primero que ante el médico general; el sistema judicial, prácticamente es el que está determinando los tratamientos médicos y no los especialistas.

Ciertamente la expedición de la Ley 100 de 1993 significó el acceso de millones de colombianos a la salud, mediante el régimen subsidiado por el Estado –Sisbén–, también permite a quienes tienen recursos económicos acceder a una mejor y más tecnificada atención a través de lo que conocemos como la medicina prepagada.

Según los críticos, algunos convirtieron la salud en un negocio y son pocos los que en realidad ponen en práctica el juramento hipocrático, hasta el punto que se ha llegado a afirmar que la prestación de este fundamental servicio se comercializó.

#DIARIOLALIBERTAD

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