El material de prueba da cuenta de que los procesados habrían consolidado una estructura delictiva para manejar a su antojo la contratación pública del municipio.

Bogotá D.C, 22 noviembre de 2020.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Candelaria (Valle del Cauca), Jorge Eliécer Ramírez Mosquera; a tres funcionarios de la administración municipal y a dos contratistas por presuntas inconsistencias en contratos de construcción de canchas de fútbol y mantenimiento de vías terciarias.

Las investigaciones dan cuenta de que los procesados habrían actuado en detrimento de las finanzas públicas y menoscabaron la administración, la fe y la seguridad pública. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó delitos como:

 Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria: Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.

 Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

 José Ulises Asprilla Cárdenas, contratista: Interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.

 Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

 Jimmy Paz Castillo, contratista: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

 Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias: Concierto para delinquir agravado.

Los imputados no aceptaron los cargos.

Investigación
Los líderes sociales de Candelaria (Valle del Cauca), Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, alertaron en redes sociales, y a instancias de diferentes entidades y órganos de control, varias inconsistencias en un contrato que tenía por objeto la construcción de tres canchas de fútbol, una de ellas en el corregimiento Buchitolo. Esta obra no se pudo entregar porque la alcaldía no hizo estudios ni diseños que permitieran ejecutar la obra; además, el terreno no era adecuado para la instalación de grama, nunca se instalaron graderías y no había sistema de alcantarillado que permitiera la adecuación de baterías de baños, como lo establecía el contrato.

Los señores Giraldo Fúquene y Borja Pérez fueron asesinados el 30 de enero del año en curso, luego de interponer formalmente denuncias por los hechos de corrupción que pusieron en conocimiento.

Bajo el lineamiento del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado y su Direccionamiento Estratégico, se dispuso la articulación del Grupo Especial Itinerante, la Dirección Especializada contra la Corrupción y el CTI, con la finalidad de compartir información para esclarecer los hechos y determinar los presuntos responsables. Durante el proceso también se tuvo un trabajo coordinado con el área investigativa anticorrupción de la Dijín.

Lo anterior permitió establecer que el alcalde municipal, algunos de sus funcionarios y contratistas, al parecer, no culminaron el contrato de la construcción de tres canchas de fútbol, cuyo valor ascendió a 229 millones de pesos. Al no tenerse los estudios, acreditarse la falta de planeación y no cumplir con los requerimientos técnicos, se prorrogó el contrato cuando el plazo ya estaba vencido, y presuntamente los recursos dispuestos para ejecutar el mismo fueron invertidos en otras actividades. Finalmente, las canchas no se construyeron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción, mediante documento, el pasado 12 de junio.

Posteriormente, los involucrados con la finalidad apalancar financieramente el contrato anterior, suscribieron otro de mantenimiento de vías terciarias y habrían destinado los recursos para intentar terminar los escenarios deportivos. La investigación da cuenta que este contrato quedó en manos de José Ulises Asprilla Cárdenas, previo a acuerdo con todos los
investigados.

Aunado a lo anterior, la investigación permitió establecer que esta estructura pretendía en los meses posteriores direccionar la contratación por más de mil millones de pesos que les permitiera quedarse con los recursos de la Alcaldía. Con esta acción de la Fiscalía se logró evitar nuevos actos de corrupción.

Por su parte el Grupo Especial Itinerante dispuso de procesos investigativos para esclarecer el crimen de los dos líderes que denunciaron las irregularidades de contratación en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca) logrando la captura del presunto responsable, quien fue identificado como alias Tatauro.

La Fiscalía General de la Nación publica la presente información por considerarla de interés general.

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