Cada vez que en desarrollo del oficio de periodista, se entrevista a una autoridad policial y se le pregunta por la creciente inseguridad existente en nuestra ciudad, estas se lamentan de la permisividad de las normas vigentes en materia penal, con la delincuencia común y de las pocas herramientas que estas le dan a la Policía y a otros organismos de seguridad para combatir a los delincuentes y así contrarrestar sus acciones violentas, para ponerlos y mantenerlos tras las rejas.
Resulta una verdadera contradicción que los procedimientos establecidos en la ley siempre favorezcan a los delincuentes, ya que la Policía los detiene, los pone a disposición de las autoridades judiciales y a las pocas horas ya están nuevamente en la calle, por diversas razones: porque fueron aprehendidos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, por captura ilegal, porque no fue capturado en flagrancia, porque las pruebas recolectadas no son suficientes para una imputación de cargos, porque el delito es considerado una contravención, porque era menor de edad y porque no hay un lugar donde recluirlos, entre otras razones.
En realidad las capturas en estas condiciones se constituyen en un desgaste para la Policía: detener todos los días a los mismos delincuentes por los mismos delitos y tener que verlos al cabo de un rato en las calles de Barranquilla acechando a la próxima víctima para cometer las mismas fechorías del día anterior y soportar el reclamo de los vecinos que no entienden como estas personas indeseables siguen libres a pesar de sus denuncias y reiterados señalamientos.
Por eso se hace necesario que el Congreso de la República agilice en la próxima legislatura una norma que le dé herramientas a la Policía y a la Justicia para enfrentar el crimen organizado en las ciudades como Barranquilla; una ley que tipifique como delitos algunas acciones consideradas actualmente como contravenciones, que aumente considerablemente algunas penas y que le dé un tratamiento más severo a los menores delincuentes.
Ojalá se estudie esta posibilidad, ya que con una ley en ese sentido la Policía podrá enfrentar con mejores herramientas la inseguridad reinante en nuestra ciudad, para que se acabe esa manida frase que la Policía está maniatada para combatir el delito, que se proscriba la utilización de los menores para cometer toda clase de delitos y que no haya que seguir viendo en la calle los mismos delincuentes que fueron detenidos el día anterior, es decir que sirva para devolverle la tranquilidad a las ciudades y en particular a Barranquilla.
Hay que reconocer que la Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo el mando del brigadier general Ricardo Alarcón, ha venido trabajando a fin de restablecer la tranquilidad de los barranquilleros, aunque uno de los inconvenientes que se presentan para enfrentar el escalamiento del accionar de la delincuencia, está patentizado en la circunstancia de no contar con un pie de fuerza lo suficientemente indispensable y acorde con las exigencias que el problema requiere.
Con razón las fuerzas vivas de Barranquilla han sido reiterativas, ante el Gobierno Nacional, en el sentido de exigir el incremento del pie de fuerza, el fortalecimiento y dotación de las sedes policiales.
No se puede negar que la seguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de la Policía, especialmente en temas como la delincuencia común y las políticas públicas tendientes a enfrentarla; el rol del Estado y de la ciudadanía frente al delito; en la lucha contra el microtráfico, convertido en el mayor generador de violencia en Barranquilla.
En este ambiente la Policía ha entregado su valioso aporte con el fin de satisfacer todas las necesidades de seguridad y tranquilidad ciudadanas que hoy en día la sociedad le reconoce.
