El juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra siete militares acusados de participar en una violación a una menor de 13 años, de la comunidad Embera en Puerto Rico (Risaralda), ocurrido el pasado 21 de junio, ha dejado fuertes revelaciones.

De acuerdo con el procurador del caso, algunos de los uniformados habrían llamado por celular a otros integrantes de las fuerzas militares para que hicieran parte de los vejámenes cometidos contra la niña, los que causaron la indignación nacional. 

Son ellos, Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, y  Luis Fernando Mangaret Hernández, que afrontan cargos por abuso sexual agravado.

Según el representante del Ministerio Público, hay elementos de juicio para abordar esta hipótesis, toda vez que la infante estuvo durante un prolongado periodo de tiempo en poder de los soldados, quienes la retuvieron en contra de su voluntad. 

La principal indagación se hizo sobre las llamadas que cada uno de los militares efectuó durante el lapso del secuestro de la indígena, a quienes manifestaron tener celular en esa época. Y además en las actividades que llevaron a cabo cada uno de ellos, en especial si estuvieron o no de guardia.

La respuesta en general fue que hayan sido llamado por sus ‘camaradas’ para cometer el abuso sexual, afirmación que tendrán que comprobar o desmentir los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Por el momento está el rastreo de las llamadas de cada móvil.

Es válido señalar que en la diligencia adelantada por el ente acusador, los testigos habrían mentido por órdenes de sus superiores, razón por la cual la Procuraduría  les exigió decir toda la verdad y advirtió sobre las graves consecuencias que podría causar un hecho de estos, como lo han reconocido previamente. 

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